A partir del ingreso de ambos países como miembros de pleno derecho de la UE, el 1 de enero del 2007
Los ciudadanos rumanos y búlgaros tendrán finalmente una moratoria de dos años a partir del ingreso de ambos países como miembros de pleno derecho de la UE, el próximo 1 de enero, antes de que puedan entrar o residir sin más en nuestro país, según anunció hoy el Gobierno por boca del ministro de Asuntos Exteriores. Se estima que 450.000 personas de esta procedencia trabajan legalmente en España, aunque varios cientos de miles más se encuentran en situación irregular. Por su parte, el Gobierno rumano estima que las prevenciones que están adoptando España y otros socios de la UE carecen de fundamento porque el ingreso en la Unión atraerá inversiones a su país que disuadirán a los potenciales inmigrantes.

Según explicó el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, con la moratoria de dos años a la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, España mantiene ya su política con anteriores ampliaciones.

“Vamos a seguir con la misma política que decidimos con la ampliación de los diez con estos nuevos dos socios, y respetamos que lo ha decidido el Reino Unido”, señaló el ministro respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno británico ante la entrada de dos nuevos socios. Reino Unido ha reducido los derechos de trabajo de rumanos y búlgaros y ha limitado sus posibilidades de empleo a la agricultura y la industria alimentaria, medidas con las que pretende evitar una entrada masiva de trabajadores de estos países, como ya sucedió con los ocho estados ex comunistas que ingresaron en 2004.

En este sentido, en los Desayunos Informativos de Europa Press, Moratinos destacó que España “no ha cambiado de posición” respecto a este tema, sino que “Reino Unido, en el pasado, desde el primer momento de la adhesión, dio libertad de circulación a todos los nuevos miembros” y es este país el que “ahora ha cambiado de posición”. En todo caso, el ministro advirtió que es necesaria una política común en materia de inmigración por parte de la UE, algo para lo que, señaló, “lo mejor y más rápido es aprobar la Constitución Europea”, que ya establece unos principios en este sentido.