A menos que el gobierno de Cataluña que preside Artur Mas dé marcha atrás, lo que acarrearía un costo político devastador para él, el 9 de noviembre tendrá lugar una consulta popular ilegal, pues muy probablemente el Tribunal Constitucional la suspenderá o prohibirá a inicios de esta semana que viene.
Las consecuencias de lo que allí suceda o deje de suceder repercutirán en la política española y en cierta forma europea por mucho tiempo.
Para quienes no hayan seguido de cerca este enfrentamiento tectónico entre Madrid y Barcelona -España y Cataluña-, ofrezco un resumen muy escueto.
Presionado por corrientes independentistas dentro y fuera de su agrupación y animado por su propia lectura política de las tendencias de su región, Artur Mas, el Presidente catalán, puso en marcha la realización de una consulta para preguntar a los ciudadanos si querían la independencia. El gobierno de Rajoy recurrió a la ley y el decreto pertinentes, y logró que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum por considerar que violaba la Constitución y el ordenamiento legal. Sólo el gobierno nacional puede realizar referéndums o consultas, excepto para cuestiones locales. Mas, que hubiera podido ir a la cárcel junto con innumerables funcionarios públicos de haber seguido adelante con su propósito, sustituyó el referéndum oficial por un “proceso participativo”, es decir una consulta informal.
Aunque algunas fuerzas radicales le pedían rebelarse contra el tribunal, el Presidente catalán prefirió evaluar otras opciones. Una era convocar elecciones anticipadas en Cataluña, pero de un tiempo a esta parte Esquerra Republicana, el partido de izquierda independentista, está por delante en los sondeos y la habría ganado casi con toda seguridad. Otra era convocar esas mismas elecciones pero convencer a todas las fuerzas soberanistas de ir juntas bajo su liderazgo de tal modo que los comicios tuviesen un carácter plebiscitario: su victoria habría equivalido, por tanto, a un mandato mayoritario para negociar la independencia con el gobierno de Rajoy. Una tercera opción era la que finalmente eligió: una consulta informal para evitar que parezca que actúa en rebeldía contra la judicatura y que al mismo tiempo le permita ganar tiempo, mientras cosecha simpatías entre catalanes ofendidos por Madrid, para aplazar al máximo las elecciones autonómicas y salvar el pellejo ante el desafío de los independentistas radicales.
El problema es que se ha metido en otro laberinto legal, pues Rajoy está recurriendo también a la consulta informal y es casi seguro que el Tribunal Constitucional actuará frente a ella como actuó frente al referéndum formal. Este organismo se reunirá el martes, faltando apenas cinco días para la votación del 9 de noviembre.
Si el ‘proceso participativo’ es suspendido o prohibido, en principio Artur Mas tendrá que decidir entre dos opciones malas: situarse fuera de la legalidad -lo que tendría implicaciones enormes tratándose del Presidente de una comunidad autónoma tan emblemática y poderosa- o ceder y dar marcha atrás, pagando con ello el precio de verse desbordado por las fuerzas soberanistas, principalmente Esquerra Republicana”.
Existe siempre la posibilidad de que Mas trate de seguir adelante de forma pasiva, es decir sin dar pretextos para que se le pueda achacar un acto de rebeldía y desacato. En cierta forma, el terreno está abonado para ello, pues el gobierno catalán está empleando métodos indirectos para organizar la consulta. Por ejemplo, en vez de dejar rastro escrito de ello, se utiliza el método de las llamadas telefónicas directas para presionar a los alcaldes de modo que habiliten los institutos públicos. Diversas organizaciones de la sociedad civil -especialmente la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium-, bajo el lema “tú participas, tú decides”, están convocando a los ciudadanos y movilizando el proceso sin aparente coordinación con la Generalitat. No se usará un censo oficial ni habrá una junta electoral para supervisar el proceso, pero habrá unas urnas mágicamente instaladas en diversos lugares para que la gente acuda a votar. El uso de miles de voluntarios en vez de funcionarios públicos en toda esta mecánica permitirá evitar, o eso se supone, que haya un resqucicio por donde atribuir al gobierno catalán un acto ilegal.
Pero si el Tribunal Constitucional, como es casi inevitable, se interpone en el camino, aun con todas estas salvedades Mas y compañía corren el serio riesgo de situarse fuera de la legalidad. Por ello, no sorprendería a nadie que decidiese a último minuto dar marcha atrás y luego trate de salvar cara adelantando las elecciones autonómicas y proponiendo a las fuerzas radicales que lo están desbordando ir unidos en plan plebiscitario.
Mientras tanto, también para Rajoy esto es un laberinto de difícil escapatoria. Si el Tribunal Constitucional le da la razón, no está claro cuál será el brazo ejecutor para hacer cumplir la ley en caso de rebeldía en Cataluña. Dado lo insólito de la situación y la falta de precedentes, no es seguro que el Constitucional pueda actuar directamente y podría tener que recurrirse a un tribunal distinto para la aplicación de la decisión judicial.
Independientemente de ello, será en la práctica del gobierno de Rajoy el que deberá actuar. ¿Qué quiere decir actuar? ¿Hasta dónde puede emplearse la fuerza pública para parar una consulta que, previsiblemente, será masiva? Un eventual enfrentamiento con muertos y heridos dispararía la causa independentista, como es natural, dentro de Cataluña y alrededor del mundo, donde ya cuenta con mucho eco, complicando mucho más la tarea de Rajoy. Pero la inacción de Madrid también podría tener el efecto de fortalecer mucho al independentismo en la medida en que esta corriente percibiera debilidad en el enemigo. Para no hablar del efecto ‘contagio’ en otros lugares de España”.
En cualquier contexto este drama separatista sería grave para Rajoy. En este contexto, es mucho peor. ¿A qué me refiero? A que la economía española, después del hercúleo esfuerzo contra la recesión, todavía está en una etapa preliminar de recuperación y a que al oficialismo le saltan escándalos de corrupción cada vez más acuciantes. Por si fuera poco, el otro gran partido español, el PSOE, ha roto el consenso con respecto al Estado autonómico diseñado como parte de la transición a la democracia y la nueva Constitución, proponiendo una reforma para sustituir el actual sistema por uno federal. No ha explicado su líder, Pedro Sánchez, en qué consiste exactamente su propuesta, pero sí ha conseguido colocar a Rajoy en una situación de aparente inmovilismo en defensa de lo establecido y, por ello, indirectamente, facilitar las cosas al independentismo catalán en su forcejeo con Madrid.
Hace pocos días estalló el último escándalo de corrupción relacionado con el Partido Popular de Rajoy: la “Operación Púnica” ha llevado a la detención de más de cincuenta personas en cuatro comunidades por una trama de adjudicación de obras y gestión de servicios públicos a cambio de comisiones ilegales. Entre ellas hay varios políticos del oficialismo. Esto se suma al caso de las tarjetas de crédito relacionado con los consejeros y directivos de la ex Caja Madrid (más tarde fusionada con otras entidades en serios apuros) que gastaron millones de dólares de la entidad en cuestiones personales. El caso envuelve a muchos políticos. No se descarta que también haya habido créditos otorgados en condiciones privilegiadas a personas políticamente conectadas con el banco.
La lista de escándalos no empieza allí. Empezó, en lo que respecta al Partido Popular, en 2009 por obra del caso Gürtel, que ha entrañado la imputación judicial de 187 personas, 74 de ellas políticos, por blanqueo de dinero, fraude fiscal y tráfico de influencias. Luego vino el testimonio del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, que reveló la existencia de una contabilidad paralela y sobresueldos no declarados a distintos líderes y miembros de la organización.
Lo sorprendente, con todo esto, no es que Rajoy y su gobierno hayan visto sus números caer sino que no hayan caído tanto como para dar al socialismo una ventaja considerable. En parte esto ha sido porque el socialismo tiene una vieja vinculación con la corrupción, en parte porque muchos ciudadanos identifican al PSOE con las causas de la crisis económica o su agravamiento, y en parte porque una nueva agrupación, Podemos, de izquierda más radical, ha irrumpido con mucha fuerza. De continuar el deterioro de la imagen del gobierno y los principales partidos, esta agrupación, típica de escenarios rupturistas y contestarios, podría dar una sorpresa muy desagradable en las elecciones generales.
Si no fuera porque el partido de Artur Mas tiene sus propias vergüenzas que esconder (ellas involucran al histórico líder y ex Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol), la capacidad del Presidente catalán para sacarle provecho al debilitamiento ético del gobierno del Partido Popular sería mucho mayor. Pero aun así todo lo que está sucediendo en la capital juega a favor del desafío que está planteando a España y al gobierno nacional la Cataluña rebelde”.
No está nada claro con qué porcentaje de votos cuenta el independentismo en este momento, al que otros movimientos independentistas europeos miran con mucho interés, incluyendo al escocés, reciente derrotado en un referéndum soberanista. Es indudable que ha crecido y que hay una tendencia que podría darle la mayoría a mediano plazo, pero no está probado que esa mayoría exista hoy ni que sea inevitable. Un porcentaje mayoritario se declara de izquierda (un espacio que va desde la izquierda moderada hasta la radical) y una minoría de derecha, en parte por reflejo del viejo enfrentamiento del autonomismo catalán con la derecha autoritaria española. Pero cuando se pregunta a los catalanes si se sienten más españoles o catalanes, el resultado parece indicar que la sociedad catalana está dividida en dos mitades. Hasta ahora, con excepciones que confirman la regla, la iniciativa la han llevado los soberanistas. Las diadas que celebran el día de Cataluña suelen ser eventos masivos en que los independenistas hacen oír su voz de un modo que no tiene paralelo del otro lado de la línea divisoria.
En el corto plazo, Rajoy puede salir airoso si logra parar un proceso que pondría en jaque a todo el Estado autonómico español y convertirse en la punta de hilo que desmadeje todo.Pero la falta de imaginación e iniciativa política para encontrar fórmulas que desactiven esa corriente independentista e inviertan los términos del conflicto de modo que Madrid no parezca inmóvil y a la defensiva permite vislumbrar que en un plazo algo mayor las cosas se complicarán infinitamente más.Esto es lo que Mas y compañía intuyen: de allí la tozudez con que, en el momento más delicado de la vida española en mucho tiempo, hayan decidido que su nueva causa es lo que más importa. Y casi lo único que importa.
Publicado en La Tercera
