Washington desaprueba que Nicaragua de vía libre a una ley que
perjudica a cientos de estadounidenses que han presentado
reclamaciones por bienes confiscados por el régimen sandinista.

100 MILLONES DE DÓLARES
Estados Unidos (EEUU) ha puesto las cartas encima de la mesa del Gobierno de
Managua. Si sale adelante una ley aprobada por el Legislativo de Nicaragua, que
afecta a la resolución de las reclamaciones efectuadas por ciudadanos
estadounidenses que vieron embargadas propiedades por el régimen sandinista en
los ochenta, cerrará el grifo de las ayudas al país centroamericano.

La
Embajada de EEUU ha sido clara en un comunicado emitido en los últimas horas:
“Nos preocupa el posible impacto negativo en la ayuda bilateral a Nicaragua
debido a una disposición en la legislación estadounidense que prohíbe casi todas
las formas de asistencia bilateral a todo país que no haya resuelto de forma
efectiva y adecuada los reclamos pendientes ante el gobierno por propiedades
confiscadas a no ser que se apruebe una dispensa de esa prohibición”.

La
nota continúa especificando que “actualmente existen 768 casos de propiedades de
ciudadanos de los EEUU cuyos reclamos no se han resuelto. Nos preocupa la
posibilidad de que los derechos de ciudadanos norteamericanos se vean aún más
afectados en la restitución de sus bienes o la indemnización por los
mismos”.

La advertencia de Washington es seria para el Gobierno de
Enrique Bolaños, buen amigo hasta ahora de los EEUU, que perdería una cantidad
más que considerable para las arcas estatales nicaragüenses: la ayuda
estadounidense está calculada en unos 100 millones de dólares anuales, y es
concedida debido a la obtención de las dispensas, respaldadas por la resolución
de reclamos de tierras confiscadas a ciudadanos estadounidenses.

Al
respecto, el presidente Bolaños declaró la semana pasada que la reforma podría
afectar a casi un millar de ciudadanos nacionales y estadounidenses que reclaman
propiedades confiscadas por los sandinistas.