La Comisión Europea cree que la propuesta del Gobierno italiano de tomar las huellas dactilares a todos los gitanos y crear un censo va en contra de las normas europeas contra la discriminación. Italia se defiende y se escuda en una ley europea para justificar la medida que anunció su ministerio de Interior el pasado miércoles

El gobierno italiano crea registros de huellas dactilares
Bruselas pidió, además, más tiempo para que se concrete esa idea, que sólo conoce por “comentarios en la prensa”. El portavoz de la Comisión Europea, Pietro Petrucci, aseguró que, cuando la UE reciba alguna notificación sobre los planes anunciados esta semana por el ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, podrá precisar su respuesta.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre la cabida de la propuesta dentro de las normas comunitarias, Petrucci indicó que las “reglas son claras y la respuesta es no”.

Italia se escuda en leyes europeas

El Gobierno italiano señaló hoy que la toma de huellas dactilares a todos los gitanos se ampara en un reglamento de la Unión Europea, por lo que no está de acuerdo con la observación de la Comisión Europea de que esa decisión va en contra de las normas contra la discriminación.

“El Ministerio del Interior precisa que la decisión de tomar las huellas dactilares en relación a los ciudadanos europeos se ha adoptado de acuerdo con el reglamento del Consejo de la Unión Europea número 380 del 18 de abril de 2008″, según una nota de ese departamento.

El ministro de Interior italiano anunció el pasado miércoles que las autoridades tomarán las huellas dactilares a todos los gitanos, incluidos los menores, para crear un censo de las personas que viven en asentamientos.

La elaboración de un censo de los campamentos gitanos es uno de los poderes especiales que el gabinete conservador de Silvio Berlusconi ha concedido a los delegados de gobiernos de las principales localidades, dentro de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Para poder llevar a cabo esta medida, se ha tenido que hacer una excepción a la ley sobre seguridad pública, que prohíbe tomar las huellas digitales a los menores.