Europa, Estados Unidos y América Latina toman medidas para evitar que la piratería de libros, música y DVD siga haciendo estragos en la industria editorial, musical y cinematográfica.

POLÍTICA CULTURAL
El negocio de la piratería de películas de estreno, en el que los piratas usan
cámaras de vídeo para grabar en las salas de cine, podría tener los días
contados en Estados Unidos si sale adelante un proyecto de ley que consideraría
esta práctica un delito federal y que fue aprobado por la Comisión Judicial del
Senado de Estados Unidos el pasado jueves.

La que ya es conocida como
Ley contra el Robo y los Derechos de los Artistas (ART en sus siglas en inglés)
tiene el objetivo de fortalecer una legislación que ya existe desde el año 1997.
Dicha ley aumentaría las condenas por distribuir copias de una obra determinada
antes de que el dueño de la patente haya sacado su producto al mercado. De esta
manera, colocar intencionalmente una copia de una obra comercial en una red
pública de ordenadores sería un delito penado con hasta tres años de cárcel por
la primera violación.

Si finalmente esta iniciativa se convierte en ley,
se proporcionaría a la policía una normativa precisa para acusar al infractor.
Además los dueños de las salas de proyección cinematográficas tendrían que
colocar letreros en sus locales en los que se advirtiera de que la grabación de
una película constituye un delito federal.

Según el senador John Cornyn,
republicano de Texas que impulsó el proyecto de ley junto con la senadora
demócrata Dianne Feinstein, del estado de California, “la industria pierde unos
3.000 millones de dólares al año debido a cintas de vídeo o DVD pirateados,
mientras que las ventas musicales han disminuido en casi un tercio en los
últimos tres años”.

Medidas en España


En nuestro país, donde según los datos de la Sociedad General de Autores
y Escritores de España (SGAE) sólo en lo referente a música la industria tiene
unas pérdidas anuales de hasta 100 millones de euros, también se ha dado un
primer paso para atajar este mal con el anuncio, por parte del Ministerio de
Cultura, de rebajar hasta el uno y el cuatro por ciento del IVA de los libros y
la música respectivamente.

La reducción del IVA en la música era una
antigua reclamación del mundo discográfico y artístico musical como medida para
acabar con la piratería que desde hace años afecta seriamente a este sector.


Sin embargo, esta intención del Gobierno podría chocar con los intereses
de la Unión Europea, cuya Comisión ya ha anunciado que los estados no tienen la
opción de aplicar tipos reducidos a los CD al tiempo que señaló que, en el caso
de que un país tomara esta decisión, podría producirse una distorsión del
mercado interior, por lo que “seguirán con interés los pasos dados en este
sentido por la ministra Carmen Calvo”.

Asimismo, el portavoz de
Fiscalidad, Jonathan Todd, indicó que los gobiernos pueden aplicar un tipo
fiscal reducido a los libros pero, en cualquier caso, de al menos el cinco por
ciento y no del uno por ciento, como ha anunciado el Gobierno español.


De conseguir la aplicación de estas rebajas, España se pondría a la
cabeza en materia de desgravación del consumo de bienes culturales, junto con
países como Argentina y Colombia, donde los libros no pagan impuestos.


Con buenos ojos

En algunos países
latinoamericanos han visto con muy buenos ojos la intención del gobierno español
de rebajar el IVA en libros y música. Tal es el caso de Chile, donde los libros
están gravados con el 19 por ciento de impuestos y ostenta el título de ser el
país que aplica los impuestos más altos a estos bienes de consumo cultural.


Por esta razón, los editores chilenos han aplaudido el proyecto español,
no sin una cierta desazón al contrastarlo con su situación actual. Desde el
gobierno de este país, el ministro de Cultura, José Weinstein, reconoce que “es
un tema importante que está en el debate desde la creación del Consejo del Libro
en el año 1991. Entonces, la solución que se tomó fue no crear un IVA
diferenciado sino compensar, a través del Fondo del Libro, que es un apoyo a la
industria editorial. Pero aparentemente no es suficiente y se requiere de una
batería de medidas, en la que el IVA es una parte. El Consejo del Libro se
pronunció hace años a favor de un IVA diferenciado, y la creación del Consejo
Nacional de Cultura nos permitirá reabrir el tema”.