Evo Morales analiza la posibilidad de trasladar la ya atribulada Asmblea Constituyente a la zona cocalera del Chapare, controlada por el oficialismo.

POLITICA-AMERICA

El oficialismo analiza la posibilidad de llevar las sesiones de la Asamblea Constituyente a la zona cocalera del Chapare, bastión de presidente Evo Morales, para aprobar allí una nueva constitución, informaron este miércoles dirigentes de ese sector citados por la agencia AP.

El gobierno descartó solicitar una mediación internacional para superar la crisis política como sugirieron el martes en Washington cuatro prefectos (gobernadores) opositores de Morales.

El Presidente señaló el miércoles que podría aceptar la llegada de observadores de la OEA, pero a su vez, el vicecanciller, Hugo Fernández, declaró a periodistas que “en ningún momento se ha planteado una mediación” de la OEA. “Los procesos nuestros debemos discutirlos entre nosotros a pesar de las diferencias que tengamos”, señaló.

El jefe de los asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Román Loayza, dijo a la AP que la del Chapare es una posibilidad, junto con La Paz y Oruro, mientras que el vocero de ese bloque, Marco Carrillo, afirmó que el oficialismo quiere que se haga en la región cocalera.

Loayza señaló que la decisión de llevar la sede a esas regiones controladas por el oficialismo, responde a que la oposición de varios departamentos del país buscarían impedir las sesiones. “Estos (opositores del movimiento llamado) de Medialuna no nos dejan desarrollar la aprobación de la plenaria en detalle (de la constitución)”.

Las alternativas, según la oposición, podrían exacerbar más la tensión política reinante en el país por la decisión del MAS de aprobar el 24 de noviembre, en primera instancia, su proyecto de constitución y las protestas de diversos sectores no oficialistas que siguieron al hecho.

Más de 270 personas, según los organizadores del ayuno, realizan a la fecha una huelga de hambre por esa causa en cuatro ciudades contra el gobierno, al que la oposición acusa de causar las tres muertes que se registraron en disturbios por la aprobación en la ciudad de Sucre, al sur del país. La principal fuerza opositora Podemos rechaza retornar a las sesiones mientras no se anule la sanción inicial, no está de acuerdo con que ellas se realicen fuera de su sede original de Sucre, y menos que se lleven al Chapare, según dijo a la AP su dirigente y asambleísta José Aruquipa.

El diario La Razón informó que el mayoritario MAS en la Asamblea ya decidió que las sesiones, para sancionar la constitución el 14 de diciembre se realicen en la localidad chapareña de Lauca Ñ, 175 kilómetros al este de la ciudad central de Cochabamba. Luego debe ser sometida a dos referendos.

Sin embargo, Loayza dijo a la AP que la decisión final debe tomarla el directorio de la Asamblea, que es controlado por el MAS.

En tanto, el viceministro de la Presidencia Sacha Llorenti dijo a la televisora Bolivisión que en la jornada una delegación del gobierno se reunirá con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para refutar las denuncias de intento de establecer un régimen “totalitario” que llevaron el martes al funcionario cuatro de los nueve prefectos (gobernadores) de Bolivia.

En la oportunidad, los prefectos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni, que el miércoles también anunciaron una reunión con representantes de la ONU, pidieron la llegada de observadores de la OEA para comprobar, según dijeron, que el gobierno está violando las leyes y los derechos humanos.

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, acusó a los prefectos de formar parte de una conspiración con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) –encauzado en Bolivia por genocidio–, por haberse reunido en Washington con el diplomático Jaime Aparicio, embajador en Estados Unidos.

En declaraciones a la televisora Unitel, Aparicio aclaró que el diálogo con los prefectos fue en su condición de alto funcionario de la OEA.