El presidente de Bolivia, Evo Morales, sigue acosado por escándalos de corrupción en su partido y por errores del gobierno en los 44 contratos firmados en octubre pasado con doce petroleras, a pesar de que casi cambia la agenda política anunciando elecciones anticipadas en 2008.

Pide al Senado una reunión secreta para decidir el reparto de las ganancias petroleras
El anuncio lo hizo por sorpresa el viernes pasado, armó revuelo y se sigue debatiendo, pero hoy los principales titulares de la prensa se centran en el atolladero de los contratos y en las denuncias de que dirigentes y parlamentarios oficialistas extorsionaban a aspirantes a puestos públicos.

El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), anunció algunas expulsiones y sanciones de militantes, en un intento de dar por cerrada la crisis de corrupción, pero la oposición y la prensa no se dan por satisfechas.

El portavoz del gobierno, Alex Contreras negó a la agencia de noticias, AP, que el presidente Evo Morales haya acomodado a familiares en cargos públicos en momentos en que denuncias de supuesta corrupción sacuden al partido del mandatario.

Se ha denunciado que familiares del presidente entraron con recomendación, pero nosotros desmentimos eso enfáticamente”, dijo el funcionario a la prensa al señalar que se investigará y sancionará a dirigentes y legisladores oficialistas involucrados en la supuesta venta de cargos públicos.

El senador Lino Villca, uno de los acusados, dijo el miércoles que no renunciará y acusó a un “grupo de blancoides” de tramar una supuesta “conspiración interna” que “está distanciando al presidente Morales de los indígenas”.

“Aquellos que hemos luchado estamos excluidos por aquellos que se aprovecharon de nuestra lucha”, dijo al señalar al vicepresidente Álvaro García y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana como presuntos promotores de la purga.

Morales esconde a ciudadanos ganancias petroleras

El gobierno del presidente de Bolivia pidió una sesión secreta en el Senado, controlado por la oposición, para explicar con cifras concretas la forma en que el Estado y las petroleras se repartirán los ingresos generados por el negocio.

La decisión contrasta con los reiterados anuncios de Morales de que sus negociaciones petroleras serían “transparentes” y “de cara al pueblo”, al contrario de las de otros gobiernos que, según dijo varias veces, fueron secretas y desconocidas para la población.