El gobierno de Paraguay tiene decidido recuperar las tierras entregadas ilegalmente a ex funcionarios y militares, aseguró el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierras (Indert), Alberto Alderete, quien confirmó además la intención de avanzar en el país en una reforma agraria, “aun con las limitaciones que existen”.

Repartirá 7,8 millones de hectáreas para el pueblo
El 42 por ciento de la población de Paraguay vive en zonas rurales y sobrevive exclusivamente de la tierra, de la pequeña agricultura, y uno de los problemas más graves es el de la crisis rural, el de la alta concentración de tierras en pocas manos y la enorme cantidad de agricultores sin propiedades”, diagnosticó Alderete.

Asunceño, de 49 años y elegido por el presidente Fernando Lugo para que maneje el Indert por su pasado como director del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (Seija), una ONG dedicada a la reforma agraria y al derecho a la alimentación, el funcionario llegó al cargo con el respaldo de las organizaciones campesinas.

En una entrevista telefónica con Télam, advirtió que Paraguay “lidera en la región la concentración de tierras, por encima de Brasil”, situación que atribuyó a que “la política de reforma agraria de gobiernos anteriores, además de tener ínfimo impacto en materia de distribución, se hizo desde organismos con altos grados de corrupción”.

En esa línea, explicó que en décadas pasadas las tierras “se dieron a personas que no deberían ser beneficiadas, como políticos, militares, banqueros y empresarios, todos sectores ligados al poder”.

La semana pasada, un informe del Indert y organizaciones del sector entregado al presidente Lugo señaló que entre 1954 -año de inicio de la dictadura de Alfredo Stroessner– y 2003, en Paraguay se adjudicaron 7,8 millones de hectáreas en forma irregular.

“Esas dos políticas, la de escaso impacto y la de la corrupción escandalosa, ahora explotan”, relató Alderete, sabedor de que asumió al frente de un organismo “ineficiente, caracterizado por la corrupción, la falta de transparencia, la burocracia y el clientelismo, al que la mayor parte del personal no entró por sus méritos”.

El funcionario admitió que “la situación a veces asusta y deprime, porque con escasos recursos se debe responder a una demanda extraordinaria”, aunque destacó que “tener la confianza de las organizaciones campesinas ayuda a conducir una política de saneamiento del Instituto y a iniciar un proceso de reforma agraria”. Fuente: Telam