La propuesta francesa es privar de los fondos estructurales a los nuevos países con impuestos inferiores a la UE, así como la armonización del impuesto de sociedades.

EUROPA DE LOS VEINTICINCO
El ministro de Economía francés, Nicolás Sarkozy, pedirá el próximo viernes a
sus homólogos europeos establecer un condicionante en la entrega de fondos
estructurales a los nuevos socios del Este que tengan tipos impositivos
inferiores a la media de la UE.

Sarkozy considera que ésta podría ser una
solución para evitar la deslocalización de empresas y la fuga de actividades
económicas hacia los diez Estados que pasaron a ser miembros de la UE el pasado
1 de mayo.

Esta idea ya ha sido contestada desde el seno de la Comisión.
Así, el organismo considera que la legislación comunitaria no permite establecer
un vínculo entre la Política Regional y la de Fiscalidad en la Unión Europea.


El portavoz de Política Regional, Gilles Gantelet, respondió a Nicolás
Sarkozy, que “si su miedo es que la política de cohesión podría comportar el
riesgo de financiar el ´dumping social´, debe recordar que este asunto no puede
tratarse por la vía de la fiscalidad”.

Retirar
ayudas

Por su parte Sarkozy considera que la UE no puede
considerarse tan rica como para prescindir de los impuestos y a su vez pagar
fondos estructurales en algunas regiones que “no podremos usar más en las
nuestras”.

No obstante, la Comisión Europea, que sabe que algunos países
no aceptarían jamás esta medida, ha subrayado que tanto la política regional
como la fiscalidad se deciden por unanimidad de los Estados miembros, por lo que
no es muy improbable hacer estas combinaciones.

En este sentido, la
Comisión Europea en su propuesta para regular el funcionamiento de la política
de cohesión contempla retirar a las empresas las ayudas recibidas dentro de los
fondos estructurales si deciden trasladar su producción a otra región antes de
que hayan pasado siete años, en lugar de los cinco actuales.

Con esta
medida pretende evitar que, finalmente, las ayudas de política regional terminen
financiando a empresas que recientemente hayan abandonado otro país de la UE
precisamente buscando las ayudas o una política fiscal más ventajosa.


La armonización del impuesto de
sociedades

Francia y Alemania ya han solicitado una armonización
del impuesto de sociedades para evitar el desplazamiento de empresas desde los
Quince hacia los nuevos Estados miembros, pero la Comisión ha señalado que sólo
preparará un borrador sobre la estructura de la base imponible con el fin de
permitir a las empresas comparar regímenes con mayor facilidad y menor coste
burocrático.

No hay que olvidar que la posición de la Comisión respecto
a la fiscalidad es que cada país tiene libertad de elegir su régimen impositivo.


Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda español, Pedro Solbes,
ya ha afirmado que la propuesta de la Comisión de armonizar en el conjunto de la
UE la base imponible del Impuesto sobre Sociedades “le parece una buena idea”,
pero rechazó la idea de Francia y Alemania de acometer una armonización total,
con tipos similares en todos los Estados miembro.

La evolución del impuesto

Suecia, Dinamarca,
Bélgica y Finlandia son los países con mayores impuestos respecto a su PIB, por
encima del 45%, e Irlanda y Lituania, con menos del 30%, son los que menos.
España, en la parte central del ranking con un 30%, se encuentra entre aquellos
por debajo de la media europea.

En los Veinticinco la presión fiscal
global era en 2002 de 40,4% del PIB de la UE, mientras que la relación entre
ingresos fiscales y PIB había disminuido siete décimas respecto al año anterior.


Durante el año 2002, 16 países redujeron la carga fiscal global con
respecto al año anterior. Polonia presentó el descenso más importante (del 41,2%
al 39,1%), seguida de Irlanda (del 30,5% a un 28,6%), Suecia (de un 52,2% a un
50,6%) y Reino Unido (del 37,3% al 35,8%).

Sin embargo, en el mismo
periodo, ocho Estados miembros vieron como las cargas fiscales aumentaban. Este
es el caso de España, donde se registró un aumento del 0,7%, pasando del 35,5%
de 2001 al 36,2% del año siguiente. Pero la subida más fuerte la padeció
Luxemburgo, que pasó de un 40,7 a un 41,9%.