Otras doce personas han sido imputadas por el juez Garzón en la causa abierta por la trama de corrupción conocida como “Operación Pretoria”. Entre ellos se encuentra Emili Mas, actual gerente del servicio municipal del suelo catalán.
Once acusados más
A instancias de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha imputado a otras doce personas en la causa abierta por la presunta trama de corrupción conocida como “Operación Pretoria”. El magistrado los ha citado a declarar en su juzgado este jueves.
Entre los imputados se encuentra Emili Mas, actual gerente del servicio municipal del suelo de la Generalitat de Cataluña (Incasòl) y el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antoni Jiménez (PSC). Además, uno de los nuevos imputados se encuentra actualmente fuera de España, por lo que el juez cursará una comisión rogatoria para tomarle declaración.
Con esas nuevas imputaciones asciende a veintiún el número de implicados en este procedimiento, que investiga las operaciones urbanísticas que la trama -liderada por el ex diputado del PSC Luis García y de la que formaban parte los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta– desarrollaron tanto en Sant Andreu como en Santa Coloma de Gramenet y Badalona. En su conjunto, las tres administraciones dejaron de ingresar 44,7 millones de euros.
Dentro de la misma investigación, Garzón ordenó poner en libertad bajo fianza de doscientos mil euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que permanecía en prisión desde el pasado día 30 de octubre.
Cada uno de los imputados está acusado de al menos tres de los siguientes delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y mercantil y encubrimiento.
Según el auto de Garzón, las actividades del grupo consistieron en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, “aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás”.
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