Cinco gobernadores opositores de Bolivia dialogarán con el presidente Evo Morales, con el fin de terminar con la polarización política provocada por los cambios que impulsa el mandatario.

Intentarán terminar con la polarización

La apertura al diálogo y el casi simultáneo levantamiento de una huelga de hambre del líder de la unitaria Central Obrera Boliviana parecieron bajar la tensión política, a menos de un mes de que Morales complete su segundo año de Gobierno en el país que exporta vital gas natural a Argentina y Brasil.

Según publicaron los medios, los prefectos (gobernadores) de los ricos distritos petroleros de Santa Cruz y Tarija, los amazónicos Beni y Pando y el central Cochabamba dijeron que el diálogo debería abarcar los polémicos temas del cambio constitucional, las autonomías y el reparto de un impuesto petrolero.

“El diálogo es el camino para resolver los problemas del país de manera pacífica,” dijeron los prefectos en una carta dirigida a Morales, en la que sugirieron realizar un encuentro el 7 de enero.

El portavoz gubernamental, Alex Contreras, dijo a reporteros que el presidente Morales, quien hizo tres llamamientos al diálogo en el último bimestre, analizaba la respuesta de los prefectos.

Otras fuentes oficiales indicaron que Morales desearía que el diálogo se inicie antes de la fecha sugerida.

El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, dijo que Morales pretendía dialogar simultáneamente con los nueve prefectos del país “con una agenda abierta y de cara al pueblo.”

Los prefectos rebeldes, que parecen haber asumido el liderazgo de la oposición derechista en desmedro de la alianza Podemos del ex presidente Jorge Quiroga, rechazan el proyecto de Constitución “plurinacional” aprobado a mediados de diciembre y que todavía debe pasar por dos referendos.

La carta magna, aprobada por una Asamblea Constituyente de la que se autoexcluyó la mayor parte de la oposición, resume la promesa de Morales de “refundar” Bolivia con más poder a los indígenas y una nacionalización de la economía.

Los cinco prefectos opositores rechazan el régimen de autonomías departamentales, provinciales y de comunidades indígenas establecido en la nueva carta magna, y han impulsado procesos autonómicos a nivel de departamentos.

Se oponen también a una nueva distribución de una regalía petrolera, que el Gobierno decidió para financiar una pensión universal de ancianos equivalente a 310 dólares anuales que se pagará a partir del 2008.

Un referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y los nueve prefectos, propuesto por Morales, no fue mencionado, pero sería tratado también en el encuentro venidero.

En la noche del jueves, una reunión nacional de dirigentes sindicales ordenó al líder de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, levantar la huelga de hambre que había iniciado el lunes pasado en protesta por un atentado con dinamita perpetrado contra la sede del organismo.

“Obedeceré la resolución con el compromiso de que la lucha sigue adelante,” dijo Montes, un sindicalista minero, al exigir al Gobierno “un esclarecimiento completo del atentado y el castigo a los culpables.”

El líder sindical, que en las últimas semanas se había mostrado próximo al Gobierno, reiteró su denuncia de que el ataque a la sede de la Central fue cometido por “la derecha que se resiste al cambio y quiere atemorizar como en las dictaduras.”