Para acabar con las matanzas y los tiroteos en EE. UU. y Latinoamérica hay que ir mucho más allá de la simple restricción de armas.

A raíz de la masacre en Charleston revive la discusión sobre el racismo y la prohibición del uso de armas. Intento “pacifista” y torpe, ya que la evidencia muestra que la restricción de armas no es la solución. Por poner un caso, en gran parte de Latinoamérica las armas están prohibidas y el índice de homicidios es muy superior al de EE.UU.

Las leyes son justas y ordenan solo cuando son naturales, pero dejan de serlo cuando son una creación arbitraria de la razón humana -del legislador- y, entonces, al no darse de manera natural y espontánea, deben ser impuestas por la fuerza policial que, precisamente, utiliza armas. ¿¡Armas para prohibir armas!?

En cuanto al racismo, no basta que Obama diga por radio desde un garaje de Los Ángeles que “No estamos curados” porque “Las sociedades no borran de la noche a la mañana lo que ocurrió durante 200 o 300 años”. Lo cierto es que gracias a estas leyes coactivamente impuestas por su gobierno –como los impuestos derivados por los empresarios vía aumento de precios–hay salarios bajos y desocupación que golpea con más fuerza a los más humildes -en un círculo vicioso- que, históricamente, han sido los “negros”.

Por cierto, es incoherente pedir la pena de muerte para el tirador, que lo quieren asesinar por asesino, cuando, más bien, deberían realizarle un tratamiento psiquiátrico, cosa que podría haberse previsto, dado que había publicado en internet que los negros son “estúpidos y violentos”, para luego atacar a los judíos, latinos y asiáticos haciendo énfasis en que “los hispanos son un enorme problema. Son nuestros enemigos”.

Coincide con muchos gobiernos occidentales que impiden la libre inmigración por cuestiones raciales, porque sobran las pruebas de que los inmigrantes colaboran al crecimiento del país, y si abusan del “Estado de Bienestar”, tendrán que culpar al Estado que lo implementa y no a los inmigrantes. El drama llega al punto de que el gobierno mexicano interceptó a 11.893 menores indocumentados -6.113 estaban solos- procedentes de Centroamérica entre enero y mayo del 2015, cuando viajaban a EE.UU., 49 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Los niños son expuestos por los traficantes a trabajos forzados, violaciones, pornografía, abusos, maltrato físico y verbal, entre otras cosas. Los traficantes que venden drogas muy dañinas, otro “tráfico ilegal” que ha creado un nivel de crimen increíble y que financia a las guerrillas, que no existiría de no ser por esta ayuda del gobierno de EE.UU.: la prohibición que crea el muy rentable tráfico “ilegal”.

Por caso, con solo seis millones de habitantes, en El Salvador se produjeron 635 homicidios en mayo. Los pandilleros acechan en las salidas de las escuelas a los adolescentes y les ofrecen entrar a las pandillas, y si se niegan, los matan. Según un funcionario salvadoreño “en un año se arrestó a unos 12.000 pandilleros” pero “podemos… llevarnos a 50 que otros 50 entrarán en la pandilla´´ mientras el negocio sea tan rentable, sobre todo, en la condiciones de pobreza creadas en Latinoamérica por los gobiernos que, por cierto, la niegan. Las villas miseria de Buenos Aires, que se ven desde el centro y en las que viven unas 250.000 personas, desde el 2010 crecieron 70%, aunque no existen en los mapas oficiales ni en Google Maps, son solo una mancha, tierras fiscales. Eso sí, los “punteros” políticos las controlan a la hora de votar.

Alejandro Taglivini
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
@alextagliavini

Este artículo está en El Tiempo.