La actuación del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo (AVT), Gregorio Peces-Barba, sigue siendo cuestionada luego de que una radio española informara que el Gobierno español mantiene contacto con la organización terrorista ETA. Desde la oposición, Mariano Rajoy ha pedido que se respete el Pacto Antiterrorista.

Peces-Barba cada vez más cuestionado
Aunque tanto el presidente Zapatero como el mismo Peces-Barba han desmentido esa
información, el líder de la oposición le ha exigido al Gobierno que, de existir
contactos con ETA, se respete el Pacto Antiterrorista.

La información que
lanzó la cadena española COPE daba cuenta de que, durante una reunión que
mantuvo Peces-Barba el miércoles con los representantes de la AVT, el
representante del Gobierno le dijo que si se establece una tregua con ETA, los
representantes de las víctimas tendrán que “poner mucho por su parte” y aceptar
dos cosas hasta inaceptables para ellos: que los presos etarras con delitos de
sangre no saldrán de la cárcel pero serán trasladados al País Vasco y que los
reclusos sin delitos de sangre serán amnistiados.

También les solicitó
que hagan “todo lo posible” por “enfriar los ánimos” a fin de frenar el actual
enfrentamiento entre víctimas de ETA y del 11-M, y que las relaciones entre
ambas “sean lo más cordiales que sea posible”. Indicó que convocó a la AVT para
restablecer la comunicación con ellos y mejorar unas relaciones que nunca fueron
buenas e hizo un llamamiento para que no se señale a ninguna víctima como “de
unos o de otros”.

De confirmarse este dato, la dimisión de este
funcionario puede verse muy próxima porque su tesitura moral ya había sido
cuestionada por distintos sectores sociales por no haber asistido a la
manifestación del pasado sábado en memoria de las víctimas del terrorismo.
Además, su figura en ese puesto nunca fue legitimado ni por la oposición, ya que
fue nombrado unilateralmente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni por los
representantes de las víctimas, que desde un principio, cuestionaron la catadura
moral de Peces-Barba, quienes todavía recuerdan que, en el pasado, el
Comisionado fue abogado defensor de presos etarras.

El presidente del PP,
Mariano Rajoy ha dicho sobre este tema: “El PP tiene firmado un pacto con el
PSOE y con el Gobierno. Si el Gobierno o el PSOE están hablando con ETA tienen
la obligación de decírselo al PP. Si es verdad que están hablando con ETA yo le
digo que el PP es radicalmente contrario a eso, que me parece un disparate y una
inmoralidad”. Además, Rajoy calificó de “sectaria” la actuación de Gregorio
Peces Barba.

Detenciones ilegales

Los dos militantes del PP que
declararon el pasado martes ante la Policía por los incidentes ocurridos en la
manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo, y el propio Partido
Popular de Madrid, han presentado una denuncia conjunta por detención ilegal y
vulneración de sus derechos fundamentales. El secretario general del PP,
Francisco Granados, que acompañó a Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios, dijo
que se trata de una detención “al menos, irregular” porque “no está basada en
ningún delito”.

En relación la gravísima acusación que realizó el PP por
la detención ilegal de dos de sus militantes por la falsa agresión al ministro
de Defensa, José Bono, el pasado sábado, ahora la presidenta de la Comunidad y
del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere saber si es cierto que “hubo que
cambiar a los funcionarios porque se negaron a practicar detenciones ilegales”,
si “se dijo públicamente ´el ministro quiere detenciones y habrá detenciones´” y
por qué se identificó a cinco militantes del PP “en una fotografía en la que
aparecen 49 cabezas” como presuntos agresores del ministro de
Defensa.

Estas declaraciones son una moderada respuesta de Aguirre a las
ya no tan moderadas acusaciones de cierta parte del PSOE que ha tachado a
representantes populares como de “extrema derecha”. Esta tono injurioso fue
utilizado por José Blanco, coordinador socialista, en relación a la misma
Aguirre y el líder de los socialistas vascos, Patxi López calumniando a Ángel
Acebes, secretario general del PP. Aguirre simplemente se limitó a decir que, si
a la falta de pruebas sobre la agresión a Bono, “le añadimos la descalificación
a mi persona sin un solo argumento, eso es una forma de totalitarismo. Cuando no
se tienen argumentos se etiqueta y se descalifica”.