En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, destacando los casos de ejecuciones extrajudiciales, la violencia carcelaria, la discriminación y la situación del derecho a la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte la fragilidad de la democracia y la justicia
Mostró espacial atención a los casos de ejecuciones extrajudiciales que se han presentado en “forma sistemática en algunas regiones del país”, así como también por la persecución a testigos de este tipo de hechos.

“La impunidad frente a casos de ejecuciones extrajudiciales es uno de los graves problemas que confronta Venezuela, siendo una problemática que abarca la actividad de grupos parapoliciales, fenómenos de violencia contra personas socialmente marginadas y la persecución de campesinos involucrados en el proceso de reforma agraria”, reseñó comunicado de prensa de la CIDH.

La institución defensora de DDHH lamentó particularmente que “el Estado de Venezuela continua considerando que las decisiones de la Comisión Interamericana no son vinculantes en su ordenamiento jurídico interno”.

En este sentido, recordó la obligación de los Estados de cumplir con las convenciones de buena fe e implementar las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Aunque valora los esfuerzos del Poder Judicial en la promoción de programas de regularización para impulsar la titularidad de los jueces, la CIDH también reiteró su preocupación por la existencia de un alto porcentaje de jueces en situación de provisionalidad, así como también fiscales, que podrían degenerar en una posible manipulación del poder judicial por parte del Poder Ejecutivo.

“A ello se suma la irregular situación de funcionamiento de que ha acompañado a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la mayoría de la Corte Primera fue destituida en octubre de 2003 y este tribunal estuvo sin funcionar durante nueve meses”, refirió el comunicado.

La Comisión reiteró que es problemático que un tribunal que debe analizar asuntos de gran importancia -y, en particular, muchos actos del Poder Ejecutivo- lleve ya varios años sin contar con jueces de carrera.

El informe observó, igualmente, que continúan sin cumplirse sus recomendaciones sobre la aplicación de la justicia penal militar contra civiles y militares retirados. “Aproximadamente un centenar de civiles habrían sido juzgadas o estarían siendo juzgados ante la justicia militar desde octubre de 2003”, refirió la CIDH.

La violencia carcelaria también fue un tema de preocupación incluido en el documento. Las cifras recibidas por la Comisión registraron 360 muertos y 69 heridos, entre enero y octubre de 2005.

Asimismo la CIDH dedicó una sección especial a la problemática sobre tolerancia al disenso político y manifestó su preocupación por las denuncias recibidas de personas presuntamente discriminadas en razón de su participación en el referendo revocatorio, y la continuidad de los efectos de la llamada “Lista Tascón” traducidos en despidos y discriminación en el acceso a los servicios públicos.

La comisión se pronunció de igual manera sobre la gravedad de la descalificación del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, del Poder Legislativo, Ejecutivo, Ministerio Público e incluso del Poder Judicial, relacionándolos con “estrategias golpistas” o desestabilizadoras.

Asimismo, la Comisión expresó preocupación por las restricciones al financiamiento internacional mediante procesos penales abiertos con fundamento en una interpretación extensiva de ciertos delitos como “solicitud de intervención extranjera en los asuntos de política interior”.

La promulgación de leyes que afectan la libertad de expresión también fue materia de preocupación en el informe, así como el aumento de procesos penales en contra de periodistas, acciones discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, además de intimidaciones, ataques, hostigamientos y detenciones por parte de efectivos militares en contra de periodistas.

“En cuanto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela, la CIDH expresó preocupación por las amplias restricciones a los contenidos de los medios de comunicación, y por la creación del Directorio y Consejo de Responsabilidad Social, con amplio poder sancionatorio, sin que se hayan establecido los límites a sus facultades”, precisó el informe.

Como aspecto positivo, la CIDH expresó satisfacción por el resultado de programas de derechos sociales y económicos como las “misiones”, en particular las misiones relacionadas a la alfabetización y el agua potable.

La comisión recordó al gobierno que sigue esperando, desde el año 2002, una respuesta de su parte en torno a la fecha en la que podría acudir a Venezuela para realizar una visita de seguimiento.