Un estudio recientemente publicado pone de manifiesto que las carencias en este campo son decisivas en la escasa implicación de la ciudadanía en los asuntos comunitarios

URGE POTENCIARLA
La futura comisaria europea de Relaciones Institucionales, la sueca Margot Wallstrom, ha dejado claro que su papel será “pensar cómo mejorar el diálogo con los ciudadanos de Europa, involucrarlos y escuchar mejor en la Comisión Europea y las demás instituciones europeas”.

Ya en el primer encuentro informal que celebró a finales de la semana pasada en Bruselas el nuevo Ejecutivo comunitario, que sirvió para aprobar un código de conducta que endurece las exigencias éticas que deben respetar los comisarios, el propio Durao Barroso defendió en nombre de su equipo un Ejecutivo comunitario “con autoridad, credibilidad, iniciativa, visión y liderazgo”. Todo esto, desde su punto de vista, se traduce en más política, más acción directa visible para el ciudadano, y menos peso de las tareas administrativas.

En esta línea, Wallstrom ha asegurado que la nueva Comisión Europea se enfrentará al reto de que “no somos capaces de explicar correctamente lo que hacemos en la UE, y no estamos oyendo como se debe a las personas”. Por eso su prioridad será asegurar un “proceso transparente y democrático de toma de decisiones” en la Unión Europea, y escuchar lo que tienen que decir los ciudadanos sobre la construcción comunitaria. “Comunicar significa también interactuar, que seamos capaces de escuchar a los ciudadanos europeos”, ha señalado.

Una transparencia obligatoria

Precisamente un reciente estudio del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) concluye que la UE padece un déficit democrático y de comunicación, problemas derivados de un estilo de gobierno tecnocrático profundamente arraigado. Para superarlo, los expertos autores del informe proponen mejorar la política de comunicación hacia los ciudadanos haciendo uso de las ventajas de las que disponen las instituciones comunitarias, nacionales y regionales, los medios de comunicación y el mundo académico. Esta exigencia resulta especialmente importante de cara a los próximos referendos que se celebren sobre la Constitución europea.

Los autores del estudio creen que los ciudadanos desconocen las ventajas que ofrece la UE para mejorar sus aspiraciones y su vida en general, lo que se traducirá en dificultades para convencerles de ratificar el Tratado constitucional.

Además, la mayoría de los europeos carece de un conocimiento básico sobre el funcionamiento de la UE y sus instituciones y de cómo influyen en su vida diaria. Frente a ello, los autores estiman que son necesarios más debates entre públicos nacionales para estimular el entendimiento mutuo y la conciencia de ciudadanía europea.

Respecto a la Comisión Europea, los autores admiten que su política de comunicación ha mejorado significativamente en los últimos años, aunque todavía cuenta con recursos limitados. Hace dos años, la institución publicó una estrategia de información y comunicación para la UE en la que definía problemas clave y soluciones concretas.

El artículo recomienda a la Comisión que promueva campañas de información y comunicación dirigidas hacia un amplio público. Estas campañas, que deberían desarrollarse en estrecha colaboración con los gobiernos de los Estados miembros, tendrían que centrarse sobre todo en explicar el Tratado constitucional y la estrategia de Lisboa.