Por 16 votos contra dos el Pleno de la Corte de Apelaciones resolvió desaforar al general (r) Augusto Pinochet Ugarte por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y secuestro del químico de la DINA Eugenio Berríos, en el marco del proceso que instruye el ministro en visita Alejandro Madrid.

Por el secuestro del agente civil de su régimen Eugenio Berríos y asesinato en Monteviedeo
La decisión fue adoptada por 16 votos contra dos de los jueces que integraron el pleno del tribunal, y dejó a Pinochet a las puertas de enfrentar una investigación judicial por el secuestro del agente y la asociación ilícita que se habría formado para perpetrar este crimen.

El fallo no incluyó sin embargo la investigación por el asesinato de Berríos, cuyo cuerpo apareció en 1995 en una playa cercana a Montevideo, según explicó la presidenta del tribunal, Gabriela Pérez.

La magistrada no explicó los motivos que llevaron a excluir el delito de asesinato y los abogados querellantes esperan conocer el texto del fallo para apelar.

La defensa del ex dictador también puede refutar el dictamen ante la Corte Suprema.

“La votación expresada es muy contundente y refleja la contundencia de los antecedentes que hay en el proceso y que señalan que el general Pinochet está directamente involucrado”, dijo el abogado querellante Alvaro Valera.

El juez a cargo del proceso, Alejandro Madrid, acogió el pasado 10 de mayo el desafuero de Pinochet sobre la base de que el ex dictador ordenó sacar de Chile a Berríos y ejecutarlo en Uruguay, mientras se desempeñaba como jefe del Ejército, cargo que mantuvo durante ocho años después de entregar el gobierno en 1990.

Por este caso tres militares uruguayos -dos de ellos en servicio activo- fueron extraditados en abril a Chile, donde están sometidos a proceso por su supuesta participación en la asociación ilícita creada para perpetrar el crimen.

Los tres uruguayos -el coronel retirado del Ejército Tomás Casella, el coronel en actividad Wellington Sarli y el capitán Eduardo Radaelli-, fueron liberados bajo fianza el 13 de septiembre pasado, pero permanecen en Santiago a la espera de que culmine la investigación.

Eugenio Berríos fue un químico que trabajó para los servicios secretos de la dictadura de Pinochet (1973-1990), y en 1991 huyó a Uruguay para evadir una investigación por asesinato.

No obstante, en Montevideo escapó de los militares chilenos y uruguayos que lo custodiaban y pidió ayuda a la policía uruguaya, pero ésta lo devolvió a sus custodios en noviembre de 1992, según los antecedentes del proceso.

Desde entonces se perdió su rastro, hasta que su cadáver apareció a comienzos de 1995 en una playa 30 km al este de Montevideo con varios impactos de bala. Se estima que su muerte se produjo entre marzo y junio de 1993.

Otros seis militares chilenos retirados también aparecen involucrados en el secuestro y asesinato del agente, incluido el general Hernán Ramírez Rurange, quien en sus declaraciones ante el juez Madrid afirmó que Pinochet dio la orden de sacar de Chile a Berríos, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Pinochet, quien en noviembre cumplirá 91 años, enfrenta además otros tres juicios en los que también fue privado de la inmunidad que lo protege como ex presidente de facto.

En una última resolución, la Corte Suprema confirmó el pasado 4 de octubre el desafuero del ex dictador por el delito de torturas y desapariciones de presos políticos en la cárcel clandestina de “Villa Grimaldi”, donde estuvo detenida la actual presidenta Michelle Bachelet en 1975. AFP.