Bolivia está sumida en una fuerte crisis política desde mediados del año pasado, agravada por el referendo del 10 de agosto, del cual salieron fortalecidos -gracias a las fuertes votaciones de apoyo que obtuvieron- Morales y los prefectos opositores.

Continúa la crisis política en Bolivia
El organismo electoral que se niega a reconocer la convocatoria a referendo vía decreto y, en cambio, exige una ley del Congreso para organizar el acto electoral.

Pero no fue sólo Morales quien recibió un revés. La CNE congeló la elección de autoridades departamentales convocada por el opositor prefecto de Santa Cruz. También pone un alto a otra consulta sobre autonomía departamental en Chuquisaca, considerando que todos estos procesos están por fuera de un marco legal.

El gobierno de Morales, que cuenta con el referendo del 7 de diciembre para fortalecer su posición política, aún no emitió una posición.

La convocatoria del mandatario de origen indígena, el jueves pasado, fue criticada por los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que anunciaron una “resistencia civil” a los referendos constitucional y al que debe definir la extensión legal de la propiedad agrícola, que afectará a los ricos agroindustriales de los llanos orientales.
 
Entre las medidas que se barajan está no permitir que el referendo se realice en esos territorios, que generan el 70% del PIB boliviano y donde vive el 30% de la población.

El proyecto constitucional que impulsa el mandatario izquierdista fue aprobado en diciembre de 2007 por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente, tras disturbios en la ciudad de Sucre que dejaron tres civiles muertos y centenares de heridos. La aprobación se dio sin la presencia de la oposición y en condiciones consideradas irregulares por los detractores del gobierno.