El próximo 27 de mayo RCTV cesará sus transmisiones en señal abierta, una vez que el gobierno venezolano le retire la concesión que tiene desde hace más de 50 años, con lo que más de 4.000 trabajadores de la planta podrían perder sus empleos.

CHAVEZ Y SUS ATAQUES A LA PRENSA INDEPENDIENTE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso de Radio Caracas Televisión, la televisora privada cuyo futuro depende de una decisión del gobierno de Venezuela.

En la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estado Americanos, (CIDH), los derechos de los trabajadores de Radio Caracas Televisión se verán vulnerados si se concreta el anuncio del presidente Hugo Chávez de retirarle la concesión para operar.

Por eso la Comisión anunció que presentó una demanda contra el estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Costa Rica.

El próximo 27 de mayo RCTV cesará sus transmisiones en señal abierta, una vez que el gobierno venezolano le retire la concesión que tiene desde hace más de 50 años, con lo que más de 4.000 trabajadores de la planta podrían perder sus empleos.

RCTV es la televisora privada más antigua de Venezuela y una de las de mayor audiencia. También es uno de los medios cuya línea editorial es crítica del gobierno del presidente Chávez.

Los directivos del canal y grupos de periodistas aseguran que el gobierno les está “cobrando” su “independencia editorial”.

“Canal golpista”

En diciembre pasado, durante un evento militar, el presidente Chávez anunció el fin de la concesión a RCTV con el argumento de que era un canal “golpista”, que habría promovido su breve salida del poder en abril de 2002.

Posteriormente el gobierno ha justificado la medida asegurando que RCTV habría incurrido en excesos y violado la ley de telecomunicaciones, aunque no hay ninguna acusación contra la televisora en tribunales nacionales.

Por esta razón la CIDH considera que se estarían violando las garantías judiciales y la protección judicial, además del derecho a la libertad de expresión.

“La comisión se convierte de esta manera en una especie de fiscalía,(¿) en una forma de acusador del estado venezolano”, explicó a BBC Mundo Jorge París, abogado del equipo legal de RCTV.

“El estado venezolano estaría en la obligación de cumplir con cualquier mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un incumplimiento de cualquier decisión de la Corte colocaría al estado al margen del sistema interamericano”.

París reconoce que una eventual condena al estado venezolano en la CIDH no evitaría que le sea retirada la concesión al canal pero demostraría “un patrón de ataques sistemáticos contra RCTV que le ha hecho difícil ejercer su labor en Venezuela”.