Política

La crisis política no debe acabar en guerra de barricadas

Caracas hierve. Después de tensas semanas se puede hacer un balance de cómo está crisis y de la necesidad de evitar una guerra de barricadas.

ANÁLISIS VENEZOLANO
La situación actual, contada por sus protagonistas, es la siguiente:

1. Desde el 29 de mayo de 2003, cuando se firmó en la y Mesa de Negociación y Acuerdos el histórico convenio entre gobierno y oposición, que puso punto final a 8 meses de discusiones bajo la facilitación de la OEA (Gaviria), Centro Carter y PNUD y el aval moral de seis países amigos (Brasil -coordinador-, Chile, México, EEUU, España y Portugal), toda la política venezolana ha girado alrededor de y ha sido impulsada por el Referendo Revocatorio. Esta forma de consulta electoral está contenida en el artículo 72 de la Constitución, a tenor de la cual cualquier funcionario por elección que haya cumplido la mitad de su período podrá ser revocado por vía referendaria, si lo solicitan no menos del 20% de los inscritos en el registro electoral, participa no menos del 25% de los electores y se pronuncian por la revocación un número superior al de los votos que sirvieron para elegirlo. El Presidente Chávez llegó a la mitad de su mandato el 19 de agosto de 2003.

2. Ese acuerdo cumplía el objetivo de la Mesa: impedir que la profunda crisis de Venezuela diera lugar a una guerra de barricadas. Para evitarla, ambas partes, con la colaboración de la comunidad internacional, buscaron y encontraron una salida pacífica, democrática, electoral y constitucional que fue el referendo arriba descrito. Se supone que las dos partes firmantes estarían interesadas en su feliz realización porque independientemente de quien obtuviera la mayoría, al cerrarle la puerta a la guerra ambas partes ganarían. Además, para la fecha el presidente Chávez pregonaba mundialmente a voz en cuello que el pueblo estaba con él, en tanto que sus opositores eran oligarcas, blancos caucásicos, que solo representaban a una minoría escuálida y “golpista”, aunque con recursos y medios. Se supone pues que en tales condiciones el primer interesado en el revocatorio debería ser el presidente. Ganando la consulta, con la presencia de los observadores internacionales, se consolidaría profundamente en el poder en tanto que sus opositores tendrían un destino incierto de división y retroceso.

3. Para sorpresa colectiva el gobierno entró en campaña contra el referendo. Primero, usando su mayoría simple en la Asamblea Nacional (congreso unicameral) para evitar el nombramiento del consejo nacional electoral que, según el acuerdo, debería elegirse previamente. Los retardos fueron tan seguidos que el nombramiento tuvo que hacerlo el TSJ. Presionado abiertamente por el propio presidente Chávez, el TSJ escogió un CNE con mayoría de 3 a 2 a favor del gobierno. Eso no sería un problema si todos estuviesen interesados en el revocatorio, pero con un gobierno decidido a impedir la consulta, esa mayoría se está usando para frustrarla.

4. El 29 de septiembre, la mayoría chavista del CNE impuso un reglamento de validación de firmas muy complicado, no obstante la oposición, dispuesta a lograr el objetivo electoral, aceptó el reto y el 19 de diciembre consignó más de un millón de firmas por encima de las 2. 400.000 requeridas.

5. El presidente, asustado, denunció un supuesto megafraude. La acusación fue tan falaz que el expresidente Carter hubo de decirle a Chávez que el Centro Carter no había observado signos de fraude. En el mismo sentido se pronunció la OEA. Contra su voluntad, el CNE tuvo que seguir adelante, pero inventando en forma fraudulenta 36 nuevos motivos de invalidación de firmas, además de las 5 del reglamento de septiembre.

6. No contento con ese abusivo zarpazo, que cambiaba las reglas de juego después de depositadas las firmas por la oposición, el CNE inventó una nueva categoría de firmas, las llamadas planas, con la cual “congeló” casi 900.000 firmas que, según su criterio, deberían ser “ratificadas” en un lapso de dos días para el “reparo” en términos tales que matemáticamente resultaba imposible lograrlo habida cuenta de que cada firmante consumiría cinco minutos. De esa manera, el gobierno pretendió estrangular el revocatorio. Pero la OEA y el Centro Carter objetaron la decisión, alegando correctamente que la buena fe del firmante debía presumirse y que quien alegara lo contrario es el que debería probarlo en los días de reparo. La inversión de la carga de la prueba y la presunción de mala fe fueron dos de las razones que movieron la sentencia interlocutoria de amparo cautelar recientemente dictada por la sala electoral del TSJ.

7. La valiente decisión de la sala desenmascaró a la mayoría oficialista en el CNE que, “acatando pero no cumpliendo”, pidió a la Sala Constitucional -con mayoría del gobierno- que “revisara” la sentencia de la Electoral, asumiendo así la representación de los saboteadores del referendo, es decir: del gobierno.

8. La Sala Constitucional sumisamente hizo lo que se le pidió: anuló la sentencia de la Electoral, incurriendo a conciencia en abuso de poder, usurpación de funciones y acto falso. La Constitución dice que todas las salas son iguales, de modo que al arrebatársele el conocimiento de la materia a la Electoral (que es el juez natural), se planteó un conflicto de competencias que debe resolver la sala plena. Mientras tanto sigue pasando el tiempo en perjuicio del revocatorio y eso es lo que persigue el gobierno a sabiendas de que si la consulta se hiciera después del 19 de agosto de 2004 (es decir, al cumplirse 4 años del mandato presidencial) se encargaría el vicepresidente hasta la culminación del período (2006). Es decir, se frustraría el propósito del revocatorio. Solo si la consulta se hace antes del 19 de agosto, la inevitable derrota del señor Chávez daría lugar a la convocaría de elecciones para elegir un nuevo mandatario.

9. La agresión contra el revocatorio incluye grotescas violaciones a los derechos humanos: casi 8 mil empleados de la Administración Pública que ejercieron el derecho constitucional de firmar, fueron despedidos; varios contratistas del estado vieron rescindidos sus contratos; patrullas de motorizados de los Círculos Bolivarianos, alevosos y armados, amenazan a firmantes y a opositores a quienes arrastran a cuerpos policiales para someterlos a tortura; se ha multado con cifras millonarias a tres canales de televisión “no oficialistas”; se han abierto expedientes amañados contra alcaldes y gobernadores de oposición a quienes se les somete a persecución; las cárceles se llenan de presos políticos y las manifestaciones pacíficas son brutalmente agredidas por la Guardia Nacional y los círculos bolivarianos (paramilitares pagados por el régimen).

10. La comunidad internacional está reaccionando alarmada. Se espera el informe de la OEA, aunque ya se sabe de sus discrepancias con el CNE, que ha tenido la desvergüenza de acusarla de “parcialización”. La OEA rechazó semejante falacia. El candidato demócrata John Kerry dio declaraciones muy contundentes pidiendo que se presione a Chávez por el referéndum y denunciando la responsabilidad del gobierno en el amparo de terroristas y narcotraficantes de la hermana Colombia. La Unión europea, los diarios de muchos países coinciden en la exigencia de revocatorio y la denuncia de las maniobras obstaculizadoras del régimen. Con el mismo tenor, gran parte de la prensa latinoamericana presiona en el mismo sentido.

11. La declaración de Kerry bloquea el infeliz intento chavista de “salvarse” del referendo fabricando una causa antiimperialista, de la misma factura que en el pasado promovieron, para el mismo propósito, el general Galtieri en Argentina (las Malvinas), Manuel Noriega en Panamá y Alberto Fujimori en Perú. Colocándose en plan de víctimas del imperialismo quisieron desviar la atención de la fuerte lucha democrática en sus países. En el caso de Chávez, el tiro está dirigido a intrigar entre demócratas y republicanos en las elecciones de noviembre; en España entre PSOE y PP también aprovechando las elecciones; y en Colombia. En este país, intrigando para mover al Partido Liberal y grupos de izquierda contra el gobierno de Uribe, en defensa del régimen venezolano. La mayoría democrática de Vzla solo pide solidaridad para su derecho constitucional de sufragar, de detener la ola represiva y de salvaguardar los derechos humanos atropellados. No interviene ni distingue entre partidos en países amigos. Nuestro llamado se dirige a todos los partidos, agrupaciones y personalidades democráticas sin preferencia por ninguna.

12. Hemos solicitado respaldos al referendo revocatorio, única salida civilizada a la crisis de Vzla y única manera de evitar la guerra y la sangre. También solicitamos libertad de los presos políticos, respeto a los derechos humanos y garantía de una consulta referendaria transparente y sin trucos (Whitout tricks, pidió el ex presidente Carter).

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