Tras la dimisión del gobierno, el jefe de la cúpula militar se ha comprometido a celebrar elecciones antes del próximo mes de julio.
Nueva jornada de enfrentamientos y de decisiones, en principio, importantes. El máximo responsable de la cúpula militar, Mohamed Husein Tantaui, aceptó la dimisión del gobierno pero también se mostró alarmado por la complicada situación económica que arrastra Egipto.
Sin embargo, el pueblo pide su caída, recordando que fue un antiguo y estrecho colaborador de Mubarak. A ello se ha unido el informe de Amnistía Internacional, titulado Promesas rotas: las autoridades militares egipcias socavan los derechos humanos, en el cual condena la forma de actuar del ejército “han aplastado las esperanzas de la población” (El País), acusando a los militares de realizar abusos mayores que los de Mubarak, eliminando sin piedad a todos aquellos que han sido críticos como periodistas, blogueros o políticos (La Vanguardia).
Según podemos leer en El Mundo, el ejército egipcio tiene intención de perpetuarse en el cargo y así lo dejó claro el propio Tantaui: “Estamos dispuestos a entregar el poder a una autoridad civil elegida y regresar a nuestros barracones si la gente lo aprueba en referéndum” y defendió el rol que viene jugando la institución militar desde el inicio de las revueltas ya que “Gobernar en el país en un periodo de transición no es fácil, la economía cada vez va peor y cada vez que damos un paso hacia la estabilidad, un nuevo acontecimiento nos devuelve atrás”.
En consecuencia, la opción de celebrar un referendo está cobrando cada vez más protagonismo, una vez que el gobierno dimitió y las protestas continuaron, entre otras razones porque las argumentaciones de Tantaui no han convencido a sus compatriotas (ABC), pese a su insistencia en que no buscan perpetuarse en el poder ni dañar la imagen que tienen, sentenciando que no apuesta por medidas unilaterales (La Razón).
El resultado actual es que el país árabe lo dirige un gobierno de salvación nacional integrado por militares y partidos políticos, cuya primera medida es el mantenimiento del 28 de noviembre como fecha de celebración de las elecciones legislativas, tal y como estaba previsto (La Vanguardia).
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