El Consejo de Seguridad de la ONU estudia el aumento del número de efectivos militares y civiles de la Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH) de cara a las próximas elecciones previstas para el último trimestre del año.

Según se determinó en la última reunión del Consejo de Seguridad
El hecho de que Haití celebre dos elecciones en el último trimestre de 2005 y la
experiencia de anteriores comicios en los que la violencia fue protagonista
indiscutible del proceso electoral, han llevado al Consejo de Seguridad de la
ONU a estudiar la situación política y socioeconómica de la zona y a pensar en
un aumento en el número de efectivos militares y civiles de la Misión de
Estabilización en Haití (MINUSTAH).

De esta manera, en la reunión
celebrada el pasado viernes, los 15 miembros del Consejo de Seguridad,
escucharon de boca del diplomático brasileño Ronaldo Mota Sardenberg, que
encabezó una misión de evaluación a mediados de abril, los resultados de la
misma.

El diplomático presentó las conclusiones de la misión e instó a
la comunidad internacional a que asista a Haití en este período de transición
tan importante en la historia del país, por lo que recomendó renovar el mandato
de la MINUSTAH por un período no inferior a los 12 meses.

Seguridad y diálogo

Mota Sadenberg destacó que
la seguridad, el diálogo político nacional y el respeto a los derechos humanos
son cuestiones prioritarias, junto con la implementación de proyectos de
desarrollo económico que tengan un rápido impacto en la reconstrucción de
infraestructuras y en la creación de empleos en el país.

Mota insistió
en la necesidad de buscar “arreglos de seguridad” por un período limitado de
tiempo, antes y después de las elecciones locales, previstas para octubre y
presidenciales programadas para noviembre que son cruciales.

Después de
la experiencia de actos violentos en anteriores elecciones, que alcanzaron
cifras de récord, Mota afirmó que se requiere aumentar el número de fuerzas
militares, pero especialmente policías civiles de la MINUSTAH. Igualmente
recomendó la presencia de observadores electorales internacionales para
garantizar unos comicios “justos y transparentes”.

Desde diciembre, la
MINUSTAH, liderada por el general brasileño, Augusto Heleno Ribeiro, está
integrada por 6.012 soldados, 1.400 policías civiles y más de 350 civiles,
procedentes mayormente de países latinoamericanos, apoyados por 800 empleados
locales.

El resto de
representantes

En el resto de intervenciones, el embajador adjunto
de EEUU, Stuart Holliday, dio prioridad a la necesidad de una reforma del
sistema judicial en Haití, con el objetivo de acabar con la impunidad e impulsar
la reconciliación nacional. Subrayó que es “inaceptable” que en las cárceles
haitianas continúen retenidos desde junio pasado prisioneros sin que se les
hayan imputado cargos, en referencia al caso del ex primer ministro haitiano
Yvon Neptune, y de otros reos.

Por su parte, el representante de la UE,
el embajador de Luxemburgo, Jean-Marc Hoscheit, también expuso como prioritario
acabar con los abusos a los derechos humanos, así como la celebración de
elecciones creíbles para que el gobierno elegido tome posesión el 7 de febrero
del 2006 como está previsto.

Francia, a través de su embajador Jean-Marc
de La Sabliere, hizo hincapié en el control del proceso de preparación de las
elecciones, pero advirtió que su celebración “no necesariamente llevarán la
estabilidad al país” ya que los comicios por si solos no resuelven las
situaciones y deben ir acompañados de acciones en el área de desarrollo social,
económico e institucional para que los haitianos vean “una mejora tangible en
sus condiciones de vida”.

Finalmente, el embajador de Argentina, Cesar
Mayoral, insistió en que “los problemas económicos y sociales en Haití están
lejos de ser solucionados, pero que la situación sería más dramática sin la
presencia de la ONU”, por lo que apoyó el aumento del contingente de la
MINUSTAH; mientras que el representante de Chile, Heraldo Muñoz, centró su
intervención en la necesidad de que la comunidad donante aporte los fondos
comprometidos para los programas de desarme y reintegración de combatientes.