Partidos de oposición venezolanos firmaron un acuerdo de unidad en la conmemoración de los 50 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. La firma del acuerdo formó parte de los actos de celebración de medio siglo de democracia, que oposición y oficialismo celebraron de forma diferente y por separado.

Acuerdo de Unidad Nacional
La muy simbólica fecha venezolana del 23 de enero -que ayer conmemoró el 50 aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez- fue escogida por los siete principales partidos políticos opositores al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para firmar un pacto de unidad política.

La firma del documento no representa la constitución de un partido político único, comentaron los voceros de los partidos, pero sí un paso en la organización de las dispersas fuerzas opositoras venezolanas

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El compromiso más concreto del denominado Acuerdo de Unidad Nacional, plasmado en un documento de 10 puntos, es organizarse para postular candidatos únicos que compitan contra el chavismo en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, que se celebrarán a final de año.

“Estamos ratificando el compromiso de idear en los próximos días un mecanismo que nos permita seleccionar a estos candidatos, pero también nos estamos comprometiendo a que esas candidaturas estén listas antes de la inscripción en el Consejo Nacional Electoral”, afirmó Luis Ignacio Planas, secretario general del partido Copei.

La idea, expresada por los voceros de las agrupaciones firmantes (Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, La Causa R, Movimiento Al Socialismo, Proyecto Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Vanguardia Popular) es “extender en el tiempo” los beneficios políticos obtenidos el pasado 2 de diciembre, cuando fue derrotada la propuesta oficial para cambiar la Constitución Nacional en un referendo.

Además del acuerdo electoral alcanzado, el documento firmado expone otros nueve puntos de coincidencia entre estos partidos, que esperan proyectar juntos una “visión de país”; rescatar el prestigio y funcionamiento autónomo de las instituciones de la República; respetar la descentralización, la propiedad privada y las libertades económicas; rescatar la seguridad ciudadana y eliminar la impunidad, y combatir la pobreza, entre otras cosas.