Lo que hace Ortega es lo mismo que hicieron otros paternalistas. Alcanzar el poder y modificar desde allí el estado de derecho. Hacerlo a la medida de sus circunstancias. Con el evidente costo de la degradación democrática.

Comentario
Daniel Ortega aspira a la reelección indefinida. Aspira a eternizarse en el poder. Y para ello ha decidido impulsar una reforma constitucional. Todo en Nicaragua, uno de los países más pobres del mundo. Ortega considera, como Chávez, Morales y otros, que es capaz de transformar la realidad y que el mejor mecanismo para hacerlo es que –ellos mismos- permanezcan en el poder.

Pues bien: la intención es loable. Pero para el buen entendedor (y mejor informado) la posición esconde una frecuente perversión: el enquistamiento en el poder. El mantener el control del estado que no es otra cosas que el uso de la fuerza, de los recursos y de la administración pública. Todo ello, volvemos a decir, en un severo contexto de pobreza y frustración.

Ortega no puede darse este lujo. O al menos no debería hacerlo impunemente. No puede privar a los nicaragüenses de optar por la alternancia política. O de seguir en el mismo camino pero mediante unas leyes iguales para todos. Lo que hace Ortega es lo mismo que hicieron otros paternalistas. Alcanzar el poder y modificar desde allí el estado de derecho. Hacerlo a la medida de sus circunstancias. Con el evidente costo de la degradación democrática.

La noticia oficial dice que “Ortega declaró al periodista británico David Frost su interés de buscar la reelección presidencial o (si no lo consigue) postular al cargo de primer ministro, cuya figura se crearía en una eventual reforma a la Carta Magna”. Todo bien atado, como vemos.

Ahora bien, paralelamente, Ortega fue acusado de enriquecerse ilícitamente. De utilizar su influencia para asegurar su bienestar. Para garantizarse un futuro sin privaciones a costa de la inocencia y también, de la indolencia de sus compatriotas. Pues Nicaragua encarna ese perfil de nación que el mundo entero conoce –trágicamente- como tercermundista. Una mezcla de pobreza con ostentación que produce una difícil convivencia.

En este caso, la noticia narra que “Ortega y su esposa Rosario fueron acusados de usar fondos de la cooperación venezolana para supuestos negocios familiares y enriquecerse al amparo del poder. Según los denunciantes, la familia del presidente maneja empresas vinculadas a la actividad pecuaria, la importación y comercialización de petróleo que les ofrece Venezuela a precios preferenciales”.

Un diputado de la oposición agrega -para más contexto- que “al paso en que van, cuando termine el período presidencial, la familia Ortega-Murillo va a terminar siendo más rica que la familia Somoza” que gobernó durante décadas Nicaragua y que dejó una pobreza tan profunda como abrumadora.

Lo que digamos luego es prescindible. La decisión de Ortega es una muestra de la tenaz petulancia de los pequeños líderes latinoamericanos que, en pleno siglo XXI, siguen jugando con la realidad de sus países y, más fundamentalmente, con su futuro. Con la posibilidad de cambiar y de hacerlo con unas reglas aceptadas por todos. Con aquello que se define, normalmente, como un estado de derecho.