En un comunicado publicado en su web días después de la aprobación de la Ley de Radiodifusión promovida por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su marido, Néstor Kirchner, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó el “clima polémico y politizado” que invadió la promulgación de la norma. Este organismo denuncia el poder que se le otorga al Estado en materia de empresas periodísticas y la “diligencia” para “castigar a los medios”.
Aprobada el pasado viernes
La
SIP expresó su “solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación”. Este organismo interamericano hizo especial mención a aquellos puntos “que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes del Poder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años”. La
Sociedad Interamericana de Prensa recuerda que la ley “incluye la regulación de los canales de televisión por cable; el otorgamiento de parte del gobierno central de licencias en aquellas ciudades con poblaciones mayores a quinientos mil habitantes del interior del país; y la obligación a los multimedios a desprenderse o vender sus permisos o licencias de operación en menos de un año”.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón (del diario El Tiempo de Colombia), denunció que “se observó mucha diligencia para castigar a los medios, pero muy poco para que se visualice el papel del Estado en el manejo de la información y en su papel de ordenador”. Santos Calderon se refería, según explica el comunicado “a la exclusión de normas que regulen en materia de publicidad oficial, desconociéndose las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de septiembre de 2007, estableció que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación, pidiendo legislación al respecto”.
En palabras del presidente de la SIP,”triste que el clima polémico y politizado haya desvirtuado el sentido de una legislación, que terminó siendo revanchista, olvidándose de la pluralidad pregonada. Quedaremos siempre con la sensación de que esta fue una legislación contra los medios, no una regulación que defienda el derecho a la comunicación del público”. Este organismo recuerda que los medios están planteando buscar una sentencia de anticonstitucionalidad de la ley y que la oposición ha anunciado que la modificará si cambia la composición de las mayorías parlamentarias a partir de diciembre.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard (del periódico estadounidense San Antonio Express-News) anunció que este organismo se mantendrá “en alerta sobre la situación”. Además, según el comunicado, adelantó que representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), y el Foro de Periodismo Argentino(FOPEA), entre otras organizaciones nacionales podrán tratar el tema en la asamblea general de la SIP que se celebrará en noviembre en Buenos Aires. Rivard dijo que “No puede haber verdadera pluralidad sino se incluye la libertad de empresa y otros estándares internacionales en materia de libertad de prensa”.
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