La decisión final se conocerá en noviembre. De momento, el PPE ha pedido que la relajación de las sanciones se vincule a gestos concretos del Gobierno cubano.

EL PPE PIDE QUE SE MANTENGAN LAS SANCIONES
Responsables de los 25 estados miembros de la UE encargados de la política hacia
América Latina analizaron ayer en Bruselas, en una reunión ordinaria, las
relaciones bilaterales con Cuba y, en especial, el incidente protagonizado por
el diputado popular Jorge Moragas y otras dos parlamentarias holandesas, a
quienes se les negó la entrada en la isla el pasado viernes. Finalmente
acordaron encargar a sus embajadores en La Habana un nuevo informe sobre la
situación en Cuba y discutir, sobre esa base, la posibilidad de revisar la
política europea con respecto a la isla el próximo día 16 de noviembre.


El comité del Consejo de la UE sobre América Latina volvió a examinar la
propuesta española de analizar una suavización de las sanciones diplomáticas a
Cuba y restablecer el diálogo con sus autoridades, siempre que el régimen de
Fidel Castro ofrezca gestos propiciatorios en materia de derechos y libertades.


Los expertos de los 15 no entraron a debatir a fondo la cuestión, y se
limitaron a acordar la realización de un nuevo informe sobre la situación en la
isla para ilustrar la pertinencia de la revisión. El propósito es que este
informe, que será elaborado por los embajadores de la UE en La Habana, sirva
como base de una posible decisión en la próxima reunión de este comité, que
tendrá lugar el 16 de noviembre.

Distintas
posturas

Frente a Bélgica, Suecia y Austria, que simpatizan con
la posición española, Alemania ha informado de que la invitación de disidentes a
su Embajada en La Habana el día de la fiesta nacional fue “un éxito” y considera
que las decisiones de la Unión deben ser aplicadas “en todos sus elementos” de
forma solidaria por los 25 Estados miembros. En la misma línea se pronunció a
comienzos de mes República Checa, que quiere mantener las medidas contra Cuba.


Después de conocer estas posiciones, pero antes de los incidentes del
pasado viernes los tres diputados, la posición de la presidencia era favorable a
empezar la evaluación de las medidas a comienzos de noviembre, pero había
advirtido de que cualquier anticipación por parte de algún Estado en la no
aplicación de las sanciones “no sería beneficiosa para la percepción de la
unidad europea”.

Por su parte, la portavoz de Exteriores de la Comisión
Europea, Emma Udwin, aseguró que el caso de Moragas y las dos parlamentarias
holandesas es una “cuestión bilateral” que incumbe exclusivamente a España y
Países Bajos, puesto que el Ejecutivo comunitario no tiene competencias sobre
visados.

España defiende un desbloqueo del diálogo europeo con el
régimen cubano para acabar con la actual congelación de las relaciones que, a su
juicio, es ineficaz y no beneficia ni a los europeos ni a quienes quieren
propiciar la democracia en la isla.

Reacciones
de los populares

Mientras, ayer mismo el presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, acusó a Rodríguez Zapatero de “estar compadreando” con
el régimen cubano para ver si por la vía del abrazo logra resolver algo “y
apuntarse un tanto con la liberación de un preso”. Además, recordó que el
régimen de Castro sólo en 2003 metió en la cárcel a 75 personas.


Respecto al incidente con Moragas, señaló que “en un país donde no se
respetan las libertades ni los derechos humanos se acusa a un diputado del PP de
ir allí a provocar. ¿Y qué hubiera pasado si hubiese ido un diputado del PSOE?”.


Por su parte, el Partido Popular Europeo, mayoritario en el
Europarlamento, pidió ayer que los países de la Unión Europea (UE) mantengan las
sanciones diplomáticas contra La Habana mientras sigan encarcelados disidentes
en la Isla.

En una resolución adoptada por unanimidad por el buró
político del PPE, formado por los representantes de los 64 partidos que lo
componen, el grupo conservador europeo “se reafirma en la necesidad de mantener
(…) las medidas de junio de 2003 de la UE que fueron aprobadas tras la
intolerable detención y condena de los 75 disidentes”.

El PPE “considera
que toda relajación, suavización o debilitamiento” de las sanciones “no puede
darse mientras la dictadura cubana no proceda a la liberación inmediata de todos
los presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles cubanas”,
dice el texto.

La resolución es una respuesta a la voluntad del gobierno
socialista español de modificar estas medidas diplomáticas, que incluyen invitar
a los disidentes cubanos a las celebraciones de fiestas nacionales de las
embajadas de la UE en La Habana.

El PPE aboga también en el texto por
“mantener la Posición Común europea” sobre Cuba, por la que desde 1996 se pide a
La Habana una transición hacia la democracia y respeto a los derechos humanos.