Algunos analistas han advertido de las tensiones que pueden sacudir a medio plazo a las eléctricas españolas. Según ellos, el principal problema va a ser el encarecimiento de los costes de aprovisionamiento y su dificultad para trasladar a los clientes ese incremento del gasto.

¿subiran los precios a los contribuyentes españoles?
Las compañías eléctricas españolas mantienen diferentes posiciones sobre el cumplimiento
del Protocolo de Kioto, que limita las emisiones de gases de efecto invernadero,
y la comercialización de la llamada energía verde, generada por medios
renovables, dos de los temas de gran actualidad en este momento.

El
vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, subrayó
durante la presentación trimestral de resultados, que es posible y necesario
cumplir los compromisos medioambientales adquiridos por España.

Sin
embargo, el director de Medio Ambiente de la patronal eléctrica Unesa, Angel
Luis Vivar, había señalado que el cumplimiento del Protocolo de Kioto podría
suponer un serio riesgo para la convergencia económica con
Europa.

Asimismo, otros expertos llegan a advertir incluso de que en
España podría haber un exceso de oferta de gas a partir del año 2006 e insisten
en que la aplicación de la directiva europea referente al cumplimiento del
Protocolo de Kioto tendrá un “impacto negativo adicional sobre los costes de las
empresas del sector”.

Estos expertos cifran en 100 millones de euros
anuales el impacto para el trienio entre 2005 y 2007. Una cantidad que pasaría a
oscilar en un rango de entre 270 y 540 millones para el periodo entre 2008 y
2012.

Es decir, el coste para las eléctricas podría llegar a 2.300
millones. La diferencia entre la banda alta y la baja estará en función de la
hidraulicidad. “Esto afectará a los retornos a corto plazo de la actividad
eléctrica”, dicen los analistas.

Estos observadores señalan que, en
función del borrador del Plan Nacional de Asignaciones publicado ya por el
Gobierno español, entre los ejercicios de 2008 y 2012 las eléctricas españolas
recibirán derechos de emisiones por 60 millones de toneladas de CO2 cuando en
realidad, con casi toda seguridad, emitirán 87 millones.

Subida de
tarifas. Algunos analistas creen que estos costes de adaptación del parque
energético español a la normativa ambiental deberían ser reconocidos por la
actual Metodología de Cálculo de Tarifas Eléctricas. De ser así, la amortización
de equipos implicaría una subida de las tarifas cercana al 1,8% anual.


Lo que no está muy claro es si las eléctricas podrán subir las tarifas
más de lo estipulado. Tiempo atrás, la ministra de Medioambiente, Cristina
Narbona, dejó entrever que Kioto tendrá repercusiones en los precios para los
consumidores. Sin embargo, poco después, José Montilla, ministro de Industria,
Comercio y Turismo, afirmó que la nueva normativa medioambiental no supondrá una
subida de las tarifas.

En cualquier caso, quienes siguen teniendo muchas
dudas son los inversores. Las incertidumbres sobre Kioto amenazan con atenazar a
las eléctricas en bolsa. Sus resultados están en juego.