La maraña argumental entre los dueños del motor de búsqueda más implantado en Europa –concentra el 90% de la actividad– y los medios de comunicación sobre su sitio de titulares periodísticos crece a medida que pasan los meses. Google asegura que no hay publicidad en su índice de noticias y que, por tanto, no gana con ello, y se defiende diciendo que los diarios de su agregador son elegidos de manera técnica, en función de las páginas con mayor tráfico. Pero esas razones no convencen del todo a sus críticos que siempre destapan publicaciones que no merecen estar y otras que no aparecen en la lista, para lo que no encuentran motivos lógicos.

Una explicación posible es que el servicio de noticias dirige con sus enlaces a los visitantes hacia publicaciones on line, que a su vez han pagado al gigante por conseguir, en las subastas de Adwords de Google, la preferencia en el uso de las palabras claves para sus productos. En el fondo, es un circuito que se retroalimenta y despierta dudas: se trata de que las empresas paguen por llegar a las mejores posiciones, algo que es posible potenciar desde el mismo agregador de noticias.

Por otra parte, las empresas reclaman el respeto a los derechos de autor de los materiales que indexa Google. Esa petición encuentra poco eco en los responsables del servicio, que se proclaman defensores de la libertad de expresión y critican una estrategia “corta de vista y autodestructiva”. Pero la evidencia es clara: Google gana mucho –8.075 millones de euros en 2012–, vende publicidad e indexa noticias de otros y, en cambio, los editores y los periodistas que las crean siguen perdiendo. “Somos los que alimentamos realmente el motor de búsqueda y el algoritmo, dándoles constantemente contenido fresco, y eso es lo que venden con sus anuncios”, decía en The New York Times la presidenta de la organización de editores de periódicos y revistas de Francia, Nathalie Collin.

Acuerdos económicos con la prensa

Agencias y grupos de publicaciones ya han conseguido otras veces acuerdos compensatorios de Google, por eso Francia no quiere desaprovechar la ocasión. A finales de mes acaba el segundo plazo que el presidente Hollande francesa dio como ultimátum al líder de la compañía californiana, Eric Schmidt, en su visita al Elíseo de octubre. La semana pasada Le Monde publicó el montante de un posible acuerdo de paz: Google daría 50 millones de euros al año a repartir entre los editores, cifra que éstos se apresuraron a desmentir. El secreto de las negociaciones no se ha guardado tan bien como en Bélgica, donde todavía hoy se desconocen los pormenores.

Qué movió a los diarios belgas a volver a Google News sigue siendo un misterio. La cifra no se ha revelado, pero ambas partes están muy satisfechas de la nueva etapa de amplia colaboración. “Estamos convencidos de que nuestros servicios respetan los derechos de autor y es necesario subrayar que el acuerdo no prevé el pago de royalties”, afirma la nota oficial de la empresa, pero Google insertará publicidad en los medios de Bélgica y les ofrecerá herramientas adecuadas para conseguir recursos adicionales, como páginas de pago, soluciones publicitarias dirigidas a optimizar sus ingresos y la distribución de sus contenidos en tabletas y teléfonos inteligentes.

Con estos precedentes, Francia sigue presionando. Si no se consigue el acuerdo, tanto el gobierno como los editores de prensa están dispuestos a que se implante en 2014 una legislación parecida a la que se prepara en el Parlamento alemán y que se apoya en hacer pagar por una utilización secundaria o derivada de los derechos de autor. El ejecutivo galo la denomina genéricamente Tasa Google, aunque en realidad afectaría también a otros buscadores y a los grandes de internet como AOL, Amazon o eBay.

Nuevo copyright

El proyecto de ley que se debate en Alemania y que quizá esté listo a partir de la primavera plantea un nuevo estilo de copyright para proteger el contenido creado por los periodistas. La legislación exigirá el pago de una cifra a todo el que use sin acuerdo previo materiales originales de periodistas o bloggers en motores de búsqueda y agregadores de noticias, siempre que de esa utilización se deriven ingresos comerciales. Los agregadores suelen mostrar el título y una entradilla con un enlace a la página del medio correspondiente. Aunque las empresas periodísticas se frotan las manos pensando en la tasa, hay mucha oposición a esta medida que podrían imitar países como Italia, Suiza, Austria o Portugal.

Entre los contrarios a la ley no está solo la gran empresa americana, que por supuesto la rechaza. “Considerar la búsqueda y la agregación que hacemos como un robo de derechos es absurdo y falso”, declaraba un portavoz de Google Alemania. También existe oposición empresarial en otros sectores económicos alemanes, que ven en el proyecto un freno a su proceso de expansión. “Esta ley, única en el mundo, enviará una señal negativa a los inversores, como si no nos interesara el sector de la innovación de servicios on line”, declara al International Herald Tribune Bernard Rohleder, representante de la principal patronal de la industria tecnológica, conocida como BitKom.

Parte de los juristas alemanes expertos en propiedad intelectual también ha mostrado sus reservas, ya que la tendencia en países como Gran Bretaña y Holanda va dirigida a aligerar la legislación y las sanciones. En Canadá, la última reforma aprobada en junio prevé mayor permisividad al ampliar la posibilidad de un uso justo, fair use, de la información de otros e introducir excepciones para usos educativos o cómicos. Además, se reducen las sanciones y se introduce el aviso previo a las empresas que incumplan la norma, en lugar de la retirada inmediata de los materiales.

Difícil situación de la prensa

Grupos políticos como Los Verdes identifican la futura tasa alemana como un ataque a la libertad de expresión, postura a la que rápidamente se han unido los que luchan contra toda regulación en internet como The Pirate Party. La propia compañía Google ha intentado subirse al mismo carro con una campaña de movilización de sus usuarios. Pero ante su volumen de ingresos, su postura altruista resulta poco convincente.

Bajo el fuego cruzado de reclamaciones y denuncias es fácil descubrir la difícil situación de la prensa y los intentos de completar ingresos que ya no llegan ni por circulación ni por publicidad. Solo en España han cerrado 197 medios de comunicación desde 2008, entre ellos 22 diarios y 10 gratuitos, además de 20 televisiones locales, según un informe reciente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que además señala que el paro entre periodistas se ha triplicado en el último año.

La misma crisis se ha registrado en Europa, donde la adaptación de las cabeceras a los modelos on line se ha gestionado de manera desigual, sin conseguir cubrir las expectativas. Mientras unos se han blindado en la suscripción de pago, otros han tenido que suavizar las exigencias ofreciendo gratis un número limitado de piezas, como The New York Times o Les Échos. Incluso los diarios creados a propósito para tabletas y teléfonos no han tenido los resultados previstos. The Daily, lanzado por Rupert Murdoch para llegar a esa audiencia, ha cerrado un año y diez meses después de su aparición, con solo un 20% de los abonados previstos, según recogía La Croix días antes de su cierre definitivo en diciembre pasado.

Defensa de la competencia

La fortaleza de Google en el mercado también resulta un punto conflictivo. Tras salir airosa en una demanda ante las autoridades de la competencia de Estados Unidos –se le acusaba de haber abusado de su posición dominante en internet para beneficiarse a costa de sus rivales–, la compañía americana se enfrenta todavía a otro examen, el de la Unión Europea, que se rige por criterios diferentes. Si ante la Comisión Federal de Comercio americana Google se comprometió a hacer voluntariamente algunos cambios en su negocio de búsquedas, a la vez que invertía fuertes sumas en lobbying para mejorar su imagen, ahora tendrá que responder a una investigación que no aceptará cualquier promesa de enmienda.

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, se ha mostrado convencido en varias ocasiones de que el buscador “desvía el tráfico” a sus propios servicios. “Están monetizando este tipo de negocio por la fuerte posición que tienen en el mercado de búsqueda general”, por lo que si la compañía responde con unas propuestas de modificación insuficientes, se plantearán sanciones económicas, señalaba en una entrevista publicada a mediados de enero en Financial Times.