La Comunidad de Madrid promueve la acogida y reinserción
de mujeres inmigrantes víctimas de la prostitución, a través del proyecto que desarrolla la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la mujer prostituida (APRAM)

A través de APRAM

El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, visitó hoy el proyecto que el Gobierno regional desarrolla en colaboración con APRAM, entidad con la que la Consejería de Inmigración y Cooperación trabaja desde 2003 con una financiación total de 194.000 euros.

En su visita, el consejero manifestó que “la Comunidad de Madrid trabaja para impedir que haya mujeres que pierdan su libertad y sean obligadas a prostituirse”.

Fernández-Lasquetty conoció de primera mano la labor que desarrolla APRAM con las mujeres víctimas de la explotación sexual. Así, esta Asociación, además del Centro de Acogida, dispone de un Servicio de orientación e Información, Talleres de formación y un piso de atención en los que se les proporciona a estas mujeres la máxima atención para que puedan iniciar su reinserción socio-laboral, contando con la ayuda económica del Gobierno regional.

362 nuevos expedientes este año

Asimismo, APRAM cuenta con una unidad móvil que recorre las zonas en las que se ejerce la prostitución, para realizar una labor informativa sobre los programas y recursos que ofrece la entidad, así como abordar los temas de prevención social, sanitaria y jurídica de las mujeres. Dicha unidad móvil cuenta con un equipo de profesionales especializados en materia de reinserción y mediación, que se desplaza a los lugares para mantener una atención continua y cercana.

En la actualidad, la unidad móvil atiende cerca de 240 personas al día y ha conseguido que se inicien 362 nuevos expedientes en el Centro de Acogida a lo largo de 2008; estos expedientes corresponden a mujeres que, a través de los servicios que APRAM ofrece, pretenden salir de la prostitución a la que muchas de ellas han sido inducidas.

A día de hoy, el Centro de Acogida atiende de manera permanente a 25 mujeres provenientes principalmente de Rumania, Brasil, Rusia, Uganda y Paraguay. La mayoría de las personas atendidas son menores de 22 años que requieren acompañamiento y apoyo en la realización de la denuncia; gestión de documentación y cobertura médica; tramitación del permiso de residencia por causas excepcionales; y gestión del retorno voluntario.