España será uno de los países más afectados por recortes en la percepción de fondos europeos si triunfa la propuesta de la Comisión Europea. España perdería un 45 por ciento de sus ingresos en concepto de la política de cohesión, por lo que resultaría de los países más afectados, junto con Irlanda (79%) y Luxemburgo (54.

España perdería un 45% de los fondos europeos
Mantener para Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla, las regiones afectadas por el
efecto estadístico de la ampliación, un “tratamiento idéntico” respecto a los
fondos estructurales al de las regiones subvencionables de pleno derecho,
tendría un coste “moderado” de 6.000 millones de euros, presentado hoy en
bruselas.

El estudio sobre la “Adaptación de la política de cohesión a la
Europa ampliada y a los objetivos de Lisboa y Gotemburgo”, señala asimismo que
España será uno de los países más afectados por recortes en la percepción de
fondos europeos si triunfa la propuesta de la Comisión Europea.

El
documento señala que España perdería un 45 por ciento de sus ingresos en
concepto de la política de cohesión, por lo que resultaría de los países más
afectados, junto con Irlanda (79%) y Luxemburgo (54%). El informe apunta cuatro
retos: el aumento de las disparidades regionales y sociales, la aparición de
nuevas desigualdades territoriales, la persistencia de la exclusión social y el
distanciamiento de los ciudadanos respecto al proyecto europeo. En el plano
financiero, si se consideran las reacciones no sólo de los Estados miembros,
sino también de las regiones, los municipios y los interlocutores sociales, la
propuesta de la Comisión “parece razonable”, señalan estos expertos. No
obstante, señalan que “parecen deseables algunas adaptaciones, en particular
para que las regiones afectadas por el efecto estadístico no se vean
perjudicadas y para consolidar los progresos en el desarrollo”. El estudio
aconseja reincorporar programas de iniciativa comunitaria, en un capítulo de
cooperación interregional alentado a escala europea con 4.300 millones de euros.
Se financiarían por ejemplo modernización de las instituciones públicas, la
regeneración urbana, las relaciones entre la ciudad y el campo,
etc…

Además de mantener una sinergia entre el objetivo de
competitividad en las zonas rurales y el FEDER, mediante la definición de
orientaciones estratégicas adecuadas, este análisis aboga por restablecer la
posibilidad de acudir al sector privado elaborando los programas en función del
gasto total, incluidos los fondos privados.

Por el contrario, la Comisión
ha propuesto fijar el nivel de la contribución comunitaria a partir del importe
del gasto público, excluida la cofinanciación privada.

Por otra parte,
los expertos consideran necesario restablecer la evaluación intermedia de los
programas en las regiones en convergencia, para aumentar el controlar de la
evolución y espaciar los informes de progresos nacionales a un ritmo bienal,
para evitar que se generen nuevos procedimientos burocráticos.

Por otra
parte, detectan como riesgo de las negociaciones sobre las perspectivas
financieras no mantener la totalidad del presupuesto del FEDER y del objetivo de
competitividad. “Suprimir la intervención del FEDER sobre todo el territorio o
reducirla a un mínimo priva a la Unión de un instrumento fundamental de su
visibilidad por parte de los Europeos”, señala el informe.