El Gobierno y los prefectos opositores inician el diálogo en medio de la amenaza del cerco campesino. Miles de “Ponchos Rojos” están llegando a Santa Cruz para presionar a la oposición y para bloquear económicamente a la región más rica y prospera de Bolivia.

“Los Ponchos Rojos” son el brazo armado del Gobierno
El gobierno de Bolivia y los prefectos opositores reanudarán este jueves, en Cochabamba y con la presencia de observadores locales e internacionales, el diálogo que iniciaron el fin de semana con objeto de pacificar el país luego de la escalada de violencia de los últimos meses.

Fuentes del gobierno y de la oposición en declaraciones a la agencia de noticias argentina, “Telam”, coincidieron en señalar que el diálogo político comenzará con la instalación de tres mesas de trabajo para tratar los temas de fondo que separan a las partes: el destino de los fondos generados por el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH), la reforma constitucional y las autonomías regionales.

Las provincias gobernadas por la oposición reclaman que se les restituya una parte de los ingresos generados por el IDH, que el gobierno central les quitó para financiar con ellos una pensión a la vejez, así como el reconocimiento de las autonomías provinciales aprobadas en referendos y cambios a la reforma constitucional que impulsan las autoridades nacionales.

Según un preacuerdo suscripto por las partes, las conversaciones serán presenciadas por representantes de la Iglesia católica boliviana, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
Ponchos rojos

Unos 12 mi mineros, campesinos y cocaleros estarían en camino para cercar Santa Cruz exigiendo aparentemente la devolución de las instituciones que fueron tomadas durante los días de protestas.

Aunque la versión no está plenamente confirmada, el gobierno se ha desentendido de esa acción y afirma que no tiene nada que ver.

El anuncio del cerco se produce cuando este miércoles se comenzó a entregar al gobierno las instituciones tomadas en Santa Cruz y en algunos casos fueron retomadas por la fuerza por militantes del MAS como la terminal Bimodal.

Al respecto del cerco a Santa Cruz por 12 mil mineros, campesinos y cocaleros, el portavoz de Palacio, Iván Canaleas afirmó que la decisión de algunas organizaciones y movimientos sociales es independiente.

Afirmó que estas organizaciones están exigiendo la devolución de las instituciones que fueron “asaltadas y desmanteladas” la semana pasada tanto en Santa Cruz como en otras regiones.