Está condenado por algunos medios y la
opinión pública, pero sin ni siquiera acusación formal después de casi 3 años. El Diario Exterior ha realizado una entrevista a Miguel Ángel Rodríguez, ex- presidente de la República de Costa Rica, 1998-2002 y secretario general de la OEA para que nos cuente en primera persona su visión sobre los hechos.

Entrevista al ex presidente de Costa Rica
El 6 de junio se cumplen 3 años del nombramiento como secretario general de la OEA del Dr. Rodríguez Echeverría, tuvo lugar en la Asamblea General de la OEA celebrada en Quito y fue elegido por unanimidad de los 34 países miembros.

Había trabajado a fondo su campaña con el fin de conocer la situación y problemática de cada Estado miembro del más antiguo organismo americano, en su toma de posesión ya tenía definido el plan de remodelación necesario para hacer ese organismo más eficaz en su servicio a los países más necesitados.

Su experiencia como ex presidente de la República de Costa Rica, 1998-2002, y su participación en foros internacionales, así como su trabajo docente durante los dos años siguientes en la Cátedra Shapiro de la Elliot School of International Affairs en la Universidad de George Washington, le hacían un candidato con una excepcional preparación para el puesto que por unanimidad le otorgaron, sin embargo, a poco más de un mes de su toma de posesión, fue su propio país quien ocasionó su voluntaria dimisión y retorno para hacer su defensa.

– Bien es cierto que la lacra de la corrupción afecta a muchos políticos, a todos los niveles y en los 5 continentes, usted mismo durante su mandato como Presidente tuvo un programa para combatir la corrupción. ¿Podría decirnos qué motivó su dimisión?

El 30 de septiembre de 2004 fue indagado José Antonio Lobo ante el Ministerio Público de mi país, Lobo confesó haber recibido de Alcatel dos y medio millones de dólares después de haber aprobado como director la compra por parte del ICE (instituto público de electricidad y telecomunicaciones en Costa Rica), de 400.000 líneas de telefonía celular. Este indiciado confeso, para lograr privilegios como no ir a la cárcel, lo que ha obtenido, me involucró en su declaración. Al día siguiente de haberse dado esa manifestación inicié reuniones con los embajadores de los estados miembros, quienes -con la excepción del representante de mi país- fueron unánimes en recomendarme que no cabía siquiera la posibilidad de pensar en una renuncia a mi cargo, pues no había ni siquiera una acusación formal, y menos una condena.

Seguí cumpliendo con las tareas de Secretario General, pero después de un viaje a Haití y camino a Granada para atender las pérdidas ocasionadas por el huracán Iván, pude constatar como en Costa Rica algunos medios de prensa profundizaban una campaña de mentiras en mi contra. Me percaté de que una acción -que habría sido muy prolongada- del gobierno del Presidente Pacheco de Costa Rica buscando mi destitución, causaría serios daños a mi familia, a Costa Rica y a la propia OEA. Y tome la decisión libre de renunciar y volver a mi patria a defenderme ante los tribunales de una acusación que creía, por el dicho del Jefe del Ministerio Público, del Presidente de la República, y de algunos medios de comunicación, que sería inmediata y que, por tanto, implicaría la posibilidad expedita de defenderme y aclarar las cosas.

– Lo ocurrido a su llegada al aeropuerto capitalino, Juan Santamaría, y el despliegue organizado previamente, llamó poderosamente la atención por todo el mundo, al producirse en un país democrático y donde supuestamente se respetan los derechos humanos. ¿Cómo pudo ocurrir aquello y a qué se debió?

Se dio una conjunción de intereses. Un gobierno en caída vertiginosa ante la opinión pública por su falta de decisión y de acciones, un fiscal general en busca de popularidad y exhibición, medios de comunicación sedientos de poder, y otros grupos que se aliaron para surgir a base de un chivo expiatorio. Ya la Sala Constitucional condenó al Ministro de Seguridad de ese entonces y al gobierno por esos hechos dolorosos, con los cuales tanto ha perdido el estado de derecho en mi país.

– Se han sobrepasado dos años y medio desde su llegada a su país, el juicio justo que usted reclama no ha tenido lugar. ¿Cómo funciona la justicia en Costa Rica?

Han transcurrido más de dos años, siete meses y 20 días desde mi voluntario regreso al país y no se ha terminado la investigación del Ministerio Público. En lo que se decía ser un caso que en pocos meses estaría en los tribunales, no se ha dictado acusación ni sobreseimiento. Desdichadamente en 1996 en busca de controlar la delincuencia se aprobó un nuevo código procesal penal que eliminó los equilibrios del debido proceso. Ya no hay plazos para la investigación, y la justicia es cada día menos pronta y cumplida. Antes la acusación disponía de un año para la investigación, y al cabo de ese plazo debía proponer el sobreseimiento, la acusación o una prórroga extraordinaria de un año para el caso de que apareciese nueva prueba. Hoy los fiscales pueden por años mantener su persecución sin resolver, y lo peor, con aplicación por plazos extremadamente largos, de medidas cautelares -incluso prisión preventiva-, que, contra el debido proceso, se ha convertido en la norma. Se entregó a la acusación la conducción de la investigación y el manejo de los expedientes, y así se rompió el balance entre las partes del juicio penal. Se estableció la acción de imputados como testigos de la corona, cuya declaración no se da en busca de la verdad, sino para ganar ventajas, incluso la no ida a prisión. Y con los megadespachos, los jueces mal llamados de garantía, resuelven aspectos parciales de un caso en investigación sin conocer el expediente. Con el sistema de proceso abreviado que implica la aceptación del cargo para lograr una disminución de un tercio de la pena menor, se está condenando sin debate ante un juez a personas con larga estadía en prisión preventiva, que encuentran esta vía como el medio más expedito y seguro de salir de la prisión. Muchas personas, desesperadas por largas estadías en prisión, la falta de garantías procesales y la dificultad de procurar una defensa adecuada, prefieren renunciar a defender su inocencia con tal de que finalice un proceso que está totalmente cargado a favor de la acusación.

-Hay otro ex presidente presuntamente acusado de recibir fondos de la compañía Alcatel, pero puede moverse libremente y pronunciar conferencias en diversos países, excepto en el suyo propio. ¿Qué puede ocasionar semejante diferencia de trato entre dos ex presidentes acusados de presuntamente recibir fondos de la misma empresa?

Una de las cosas que mejor he aprendido con toda la tribulación que con mi familia he estado viviendo, es a no juzgar sin ser juez ni conocer a fondo los hechos.

– ¿De donde provienen las acusaciones en su contra y en qué se basan? Según se dice hay pruebas que las apoyan y se han publicado documentos que lo acreditan.

Salvo las acusaciones de Lobo para lograr sus ventajas personales, no conozca nada que me condene. No he discutido ante los medios de comunicación los elementos del caso que se investiga, pues eso lo prohíbe el código procesal penal. Claro que mis acusadores no han respetado esa prohibición, como lo han dejado en claro las investigaciones de la Inspección Judicial. Pero yo sí respeto al estado de derecho y al debido proceso, como es mi deber.

– De cara al mundo, usted fue encarcelado, se publicaron cargos en su contra, pero que se sepa no hubo sentencia ni siquiera una acusación formal. ¿Qué valor jurídico tiene todo lo ocurrido? ¿Podría haber algún móvil político?

No me cabe duda de que intereses políticos se han movido detrás de todo este circo romano de infamia y dolor.

– Ante lo que se decía patente e innegable ¿cómo es que a día de hoy no sigue usted en la cárcel? ¿No hubo pruebas o respaldo legal a las acusaciones que lo llevaron a prisión?

La pregunta más bien debiera ser: ¿Cómo es posible -si después de casi 1000 días no me han acusado de nada- que haya estado en el calabozo por cinco meses, con arresto domiciliar otros siete meses, y tenga ya casi 32 meses de estar limitado en mi libertad? ¿Cómo se justifica esta persecución que me movió por mi libre determinación a renunciar al cargo para el cual me habían seleccionado los 34 países miembros activos de la OEA?

– ¿Podría haber hecho entonces su defensa desde su cargo como Secretario General de la OEA?

Eso fue lo que me recomendaron, con sabiduría, los señores embajadores integrantes del Consejo Permanente de la OEA: Estaría en mi puesto y de nada me han acusado.

– Se ha publicado en su propio país que recientemente ganó un Recurso de Amparo por acusaciones falsas publicadas en su contra. ¿Qué influencia pueden tener en su caso? ¿Hay penalización por atentar contra la presunción de inocencia y por no respetar el derecho a la buena imagen de un ser humano?

En mi caso no se ha respetado en Costa Rica ni mi situación de inocencia, ni el debido proceso, ni mi libertad. Lo grave es que a pesar de que los cambios en el código procesal penal y el manejo que el actual Fiscal General ha dado al Ministerio Público producen estos agravios contra el estado de derecho, la delincuencia más bien ha crecido, y el porcentaje de condenas en los casos penales ha disminuido.

Para poder al menos parcialmente hacer oír mi voz mediante derechos de respuesta, a La Nación le he ganado tres recursos de amparo, y a Canal 7 uno, por las evidentes tergiversaciones de los hechos que han cometido y porque han llegado al extremo de pretender ignorar, o hacer nugatorio, mi derecho constitucional a responder a las falsedades que han difundido.

– ¿Qué espera de la justicia de su propio país? ¿Tendrá que recurrir a organismos internacionales?

Tengo confianza en que los tribunales de Costa Rica sabrán hacer valer el Estado de Derecho y los derechos humanos más elementales. Mi mayor preocupación es que el manejo del Ministerio Público y el nuevo código de rito les han quitado el poder a los jueces y han debilitado la majestad de la judicatura. Ahora la condena la quieren lograr mediante el show, el espectáculo, el circo montados por el Fiscal General, el gobierno y algunos medios de comunicación. Y claro, como lo señaló hace ya algunos años el reconocido intelectual francés Alain Minc, en esas condiciones “una inculpación publica equivale a un juicio. La presunción de inocencia desaparece…el primer juicio, el de la opinión pública equivale siempre a una condena…la finalidad es dar a conocer lo mejor posible la instrucción que, en la mentalidad popular, equivale a la inculpación”.