De los actuales 1.795 millones de euros a 5.000 en 2009. Con estas cifras se resumen las intenciones del departamento de Moratinos respecto a la ayuda exterior.

EN ESTA LEGISLATURA
América Latina, el norte de África y Oriente Próximo son las zonas prioritarias
de actuación de la cooperación española. Así lo señaló ayer el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, en una comparecencia
en la que recordó que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo ha ido
dirigida al cono sur, situación que se pretende cambiar equilibrando los gastos
entre las tres regiones.

Según explicó, el próximo Plan Director de
cooperación recogerá un incremento muy importante de recursos para atender estas
dos prioridades, aunque sin rebajar la importancia de América Latina, donde
España ha sido el tercer país donante entre 1999 y 2002.

En concreto,
aseguró que el Gobierno va a duplicar la cuantía de la ayuda al desarrollo en la
actual legislatura. Para ello, la AOD crecerá del actual 0,24 por ciento a un
0,50 por ciento del PIB en el último presupuesto de esta legislatura.


Moratinos, que ayer compareció en la Comisión de Cooperación
Internacional del Congreso, el titular de Exteriores indicó que esto se traduce
en pasar de 1.795 millones de euros a algo más de 5.000 millones en los
presupuestos de 2009, de acuerdo con las previsiones macroeconómicas de la
Comisión Europea para el periodo 2004-2005.

Como meta intermedia, la
ayuda al desarrollo española deberá situarse en 2006 como mínimo en el 0,33 por
ciento del PIB. Esto la colocaría por encima de los 3.000 millones de euros para
cumplir los compromisos adquiridos en la Unión Europea y en la Cumbre de
Monterrey.

Cambio en cantidad y en calidad


Se trata, según señaló ayer, de articular un “cambio importante”
en las políticas de cooperación al desarrollo tanto en “calidad como en
cantidad”. Su propósito consiste en diseñar una verdadera política de desarrollo
internacional que contribuya a mejorar las reglas del juego de la economía
internacional. Como ejemplo señaló las pérdidas que los aranceles agrícolas y
manufactureros y las subvenciones a la agricultura en los países
industrializados provocan en los países en desarrollo, pérdidas superiores a los
flujos anuales de ayuda oficial al desarrollo.

De ahí que avanzara la
intención de España de trabajar estrechamente con los socios europeos para
reducir las trabas a la entrada de determinados productos en los mercados de la
UE y para reducir las subvenciones a los productos de exportación.


También mostró su intención de iniciar consultas con los grupos
parlamentarios, ONGs, sindicatos y empresarios y solicitar los informes al
Consejo de Cooperación para avanzar hacia el consenso y sacar adelante el
Estatuto del Cooperante, que quedó pendiente en la anterior legislatura.