El ayuntamiento de Lérida acaba de anunciar que prohibirá en los edificios públicos los burkas y nikab porque tapan el rostro, pero esa orden se queda muy corta: no deberían tolerarse en ningún lugar público, incluyendo calles o parques.
 

Por la dignidad de la mujer que aparentemente va presa debajo, pero también por la nuestra, y por precaución: tenemos derecho a saber entre qué seres nos movemos.
 

En Afganistán no intimida un burka que encarcela las personas dejándoles una rejilla para ver, o en Arabia Saudita un nikab que sólo libera los ojos.
 

En esos países se siente pena por quienes llevan las prendas, presuntamente mujeres que soportan un calor horrible, y cuyas cabezas sudorosas desprenden un repulsivo olor a sebo caprino que se esparce a su alrededor.
 

Bajo esas prendas suele ir una mujer. Pero mucha literatura picaresca musulmana narra historias de hombres que entran así en los harenes para cortejar y amar a insatisfechas esposas de polígamos. Algo menos voluptuosa es Al Qaeda, que usa esas prendas para asesinar.
 

En el Reino Unido se crearon leyes de apoyo a las minorías que incluían la tolerancia y la no segregación religiosa en el trabajo. Ahora hay muchos establecimientos obligados a tener como supuestas empleadas a no se sabe qué, si a atracadores o a dependientes.
 

Aparte de la discusión sobre la dignidad femenina, o de que el burka sea una moda afgana impuesta por el rey Habibullah en 1902 para ocultar la belleza de sus mujeres, el problema fundamental es que aquí esos embozos amenazan a los ciudadanos.
 

Su existencia agrede nuestros derechos humanos porque ante gente con esas prendas muchas personas se sienten inseguras, amenazadas, intimidadas. 

Ninguna libertad religiosa puede agredirnos con algo tan intolerable en una democracia, en un estado de derecho.
 
Y los disfraces de penitentes o de carnavales son tradiciones propias limitadas en tiempo y lugar.