Tanto la población decente y pacífica, como también aquellos pocos con vocación de violentos, deben recibir del Gobierno el mensaje inequívoco, firme y contundente, de que no se escatimará esfuerzo alguno en hacer valer la Ley ese día tan importante, tan emblemático, para la vida política del Estado.

EDUARDO ALVARADO ANALIZA
Al escribir estas líneas se cernía sobre la parte norte de nuestro territorio, todavía, la amenaza de Félix, el más reciente de los huracanes caribeños. Ya no con toda su potencialidad destructiva, sino menguada, pero aún así inquietante, problemático. Sobre todo de cara a las elecciones del próximo domingo pues, aunque sus consecuencias fuesen de impacto marginal a nivel nacional (ojalá), bien podrían ser más graves en determinadas localidades o regiones.

Empero, además o por encima del impacto que Félix pudiera tener en cuanto al proceso electoral, están los factores político y mediático. Me refiero a la manipulación que de las circunstancias pudieran intentar grupos inconformes con los resultados obtenidos y a la dimensión que los diversos medios de comunicación social pudieran transmitir del cuadro en su conjunto. Mejor es esperar que el nueve por la mañana nos brille el sol y que por la tarde, de llover, sea solo lo necesario para refrescar el ambiente…

Por otro lado están las amenazas de brotes de violencia. Ciertas declaraciones del Vicepresidente, de los propios magistrados del TSE y de algunos observadores internacionales han pintado nubes más grises que las del propio Félix. ¿Exageraciones? ¿Demasiada aprensión? ¿Estrategias preventivas, del tipo: ojo que ya te tengo en la mira? Es casi imposible saberlo a ciencia cierta por parte de la ciudadanía. También es muy difícil saber de qué manera habrá de afectar a los potenciales votantes de tantos municipios de la República la discusión pública de esta cuestión. Ante el temor de verse involucrados en un zafarrancho, ¿se quedarán, mejor, tranquilos en sus casas?

Por supuesto que no hay alternativa válida a ventilar a fondo toda esta problemática. Ponerle sordina o hacer las del avestruz sería un remedio peor que la enfermedad, aunque muchos vayan, efectivamente, a optar por la relativa protección que les brinden sus hogares. En una sociedad abierta, en la que el Estado está para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, éste es un tema que debe ser objeto del más agudo escrutinio público.

Por último está el rol que debe jugar el Gobierno. Así como por una parte la Conred dio inicio a sus procedimientos para la reducción de desastres, así también le corresponde a la cartera de Gobernación, principalmente, prepararse para tomar todas las medidas necesarias para reducir al orden a cualquier grupo que, por medios violentos, intente romperlo. Todos los medios logísticos y materiales del Ejército de Guatemala también deben estar disponibles y, de ser necesario, debe preverse la posibilidad de hacer uso de medios tales como helicópteros civiles para poder movilizar a las fuerzas de seguridad, inmediatamente, a donde fuere menester.

Tanto la población decente y pacífica, como también aquellos pocos con vocación de violentos, deben recibir del Gobierno el mensaje inequívoco, firme y contundente, de que no se escatimará esfuerzo alguno en hacer valer la Ley ese día tan importante, tan emblemático, para la vida política del Estado.

Ojalá que así se haga.

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Fuente: Siglo XXI