La ola de violencia que afecta a México desde hace años se ve reflejada en los medios de comunicación. Los periodistas y editores también son víctimas directas por la cobertura que realizan de los hechos violentos asociados al crimen organizado. Con muchas bajas mortales en el gremio, ahora se detecta que sus sistema de trabjo ha cambiado.

Disminuye su uso para evitar agresiones
El Observatorio del Acuerdo de Medios dio a conocer su último informe respecto a la cobertura que los medios de comunicación del centro del país realizan sobre la violencia generada por las organizaciones del crimen organizado. En ella, se detectó que los espacios dedicados a ese fin se redujeron casi un 50% en el periodo diciembre 2012 a febrero de 2013.

El documento, del que se han hecho eco la gran mayoría de los medios de comunicación mexicanos, expone que editores y periodistas dejaron de usar en sus textos y contenidos las palabras “asesinato”, “crimen organizado” y “narcotráfico”. Por estadísticas, el Observatorio expone que el uso de “asesinatos” disminuyó su presencia en las portadas de la prensa de la Ciudad de México en 50%; “crimen organizado” y “narcotráfico” se vieron reducidas en 50.2% y 54.6%, respectivamente.

En lo que respecta a la televisión de señal abierta, el documento indica que las palabras “crimen organizado” y “narcotráfico” disminuyeron un 70.2% y un 44.2%, respectivamente. En el caso de la señal de paga, los mismos conceptos dejaron de ser transmitidos un 65% y un 41%, todo entre diciembre del año pasado y febrero de este 2013.

El Observatorio del Acuerdo de Medios, perteneciente al Observatorio de la Comunicación Pública de la Violencia, indica que en el resto de la República mexicana, la cobertura sobre hechos o incidentes violentos relacionados con el crimen organizado o los cárteles del narcotráfico, no disminuyeron.

Para hacer frente a ese fenómeno de autocensura, el Observatorio pide a los editores y periodistas mantener en sus contenidos la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social, en un contexto que permita a las audiencias la comprensión del fenómeno y la atención por parte del Estado. Resalta que la no publicación de información periodística sobre el tema abona a la impunidad pero no desaparece la violencia.

Se les pide dar seguimiento periodístico con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetradores y la responsabilidad del Estado para lograrlo. El cambio de titulares de la administración pública no exime de responsabilidad a las instituciones.

Un punto importante para el Observatorio es que los medios de comunicación eviten dar difusión a la exhibición de personas detenidas por las autoridades preventivas y ministeriales (antes de que un juez dicte auto de formal prisión o de vinculación a proceso), práctica que convierte a los medios de comunicación en agente activo en la comisión de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.

El periódico La Vanguardia resalta que durante el periodo en que se realizó el seguimiento, un periodista fue asesinado (Jaime Guadalupe González Domínguez, en Ojinaga, Chihuahua); se cometió un secuestro colectivo de empleados de un diario (El Siglo de Torreón) y tres medios fueron objeto de ataques con arma de fuego (El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez y Canal 44 de Ciudad Juárez).

A partir de amenazas en su contra, la cadena de diarios Zócalo de Coahuila anunció que dejará de publicar temas relacionados con delincuencia organizada, al no existir garantías para el ejercicio periodístico en la región.

En ningún caso, destaca el Observatorio, se ha castigado a los responsables.

Con información de La Vanguardia, Apro y El Universal