Varias organizaciones civiles están contabilizando que la trata de personas, especialmente mujeres, además de los desaparecidos por diversos motivos, se desata sin que la PGR esté dando una respuesta. Tan solo en Chihuahua, hay unos 1,500 expedientes. Los grupos culpan de errores en la integración de las averiguaciones previas.

Exigen inmediata intervención de la Fiscalía
De acuerdo con la Coalición Regional Contra el Tráfico de mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac), el fenómeno de desaparecidos en México está a la alza debido a que recibe un promedio de tres solicitudes diarias para localizar a familiares desaparecidos. La asociación atribuyó a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y a las estatales, la impunidad que priva en un 99% de las indagatorias sobre personas desaparecidas, al integrar erróneamente las averiguaciones previas.

Teresa Ulloa, directora general de la asociación internacional, también explicó que se está observando cada día más la participación de los cárteles de la droga en la trata de personas como ocurre en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo, con métodos cada vez “más sanguinarios contra niños, niñas y mujeres’’. La presidenta resaltó que no sólo “Los Zetas” están participando en esos ilícitos.

Aseguró que en la Fiscalía “existen más de 70 expedientes por parte de la Coalición; muchos de ellos están durmiendo el sueño de los justos”. Por ello, dijo que la petición de su grupo y de los familiares es que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, los atienda y que se restablezcan las mesas de seguimiento que se tenían durante el sexenio anterior, en la cuales se revisaba cada mes, por lo menos, lo que estaban haciendo los Ministerios Públicos y los que habían dejado pendiente.

Resaltó que en el caso del fronterizo estado de Chihuahua, la Coalición tiene conocimiento de más de 1,500 desapariciones “y el número va para arriba”.

Aunado a ello, Ulloa afirmó que el último recuento dado a conocer por el actual Gobierno federal a través del Registro Nacional de Desaparecidos está incompleto, pues diversas organizaciones civiles, entre ellas la que preside y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han contabilizado 500 casos de todo el país que no aparecen en el listado.

“Hay una falta de acción; no están procediendo con la debida diligencia. Eso es lo que más nos preocupa. Lo que han provocado es que ahora a nivel local los familiares se estén organizando para exigir que busquen a sus hijos e hijas”, concluyó.

Con información de El Economista, El Universal y La Vanguardia