El 3 y 4 de mayo de 2006, siendo gobernador del Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto, la Policía desalojó violentamente a habitantes de Atenco. En los enfrentamientos murieron dos personas. La Suprema Corte de Justicia documentó violaciones a los derechos humanos de 209 personas y 26 mujeres violadas.

26 mujeres violadas
 El Estado mexicano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se cometieron “excesos” y se violaron garantías fundamentales durante el operativo policiaco que, entre los días 3 y 4 de mayo de 2006, desalojó a habitantes del pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, cuyo gobernador era el actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia de la CIDH en Washington, los subsecretarios de Gobernación (Ministerio del Interior), Lía Limón y Juan Manuel Gómez, propusieron llegar a un “acuerdo amistoso” y reparar los daños a las mujeres que denunciaron haber sido violentadas por policías estatales y federales.

La funcionaria externó: “El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos y expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral. Ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden”. Ofreció la que la actual administración de Peña Nieto solucione “de manera amistosa” el conflicto, esto a través de la reparación del daño a las víctimas del exceso de fuerza, violaciones que fueron sustentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La audiencia se realizó a petición de los denunciantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los cuales solicitaron a la CIDH que al menos 11 víctimas de abuso sexual y tortura, a manos de policías mexiquenses, accedan a la justicia.

El 3 de mayo de 2006, la fuerza pública del Estado de México intervino en Atenco tras un conflicto en el cercano pueblo de Texcoco sobre la instalación de unos floricultores afuera del mercado municipal. La situación derivó en un serio conflicto cuando los comerciantes pidieron apoyo de los pobladores de Atenco, reconocidos por su lucha en contra del proyecto gubernamental de quedarse con sus tierras para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Un día después, el Gobierno estatal, con el apoyo de la Policía Federal Preventiva, ocupó Atenco con 2,515 elementos. Se detuvieron a 211 personas y en los zafarranchos murieron dos personas una de ellas menor. La CNDH documentó que se violaron derechos humanos de 209 personas y se lesionó y torturó a otras 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres.

 Además, según investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo abusos atribuibles a las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales; detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y degradante; allanamientos de morada, tortura, abuso sexual y violaciones. En los años posteriores, se procesó a 21 de los elementos policiacos participantes de los actos, de los cuales 15 fueron expulsados de sus corporaciones, 5 fueron procesados penalmente y a uno se le condenó a pagar daños y perjuicios a una de las víctimas.

En tanto, Juan Manuel Gómez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que las violaciones a los derechos humanos no fueron resultado de “ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores”.

Sin embargo y en nombre de 11 mujeres violentadas durante los hechos, Italia Méndez –quien relató que fue brutalmente violada por policías- rechazó la solicitud del estado mexicano y dijo: “No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no solo incapacidad para responder a nuestras demandas, sino que también sigue difundiendo una información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”.

Al final de la jornada, el Gobierno federal difundió un comunicado de prensa donde confirmaba su “plena disposición a acordar soluciones amistosas”, como vía para reconocer obligaciones frente a las víctimas y, posteriormente, reparar las violaciones a los derechos humanos.

Con información de La Jornada, Milenio, El Economista y Notimex