El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ordenó el rescate militar de los secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC y suspendió los contactos para negociar su liberación, en reacción al atentado con coche bomba en el corazón del más importante complejo militar del país.

El grupo terrorista ha vuelto a los asesinatos en medio de la negociación
“Hoy, el único camino que queda es el del rescate militar y policivo de los secuestrados”, dijo en tono enérgico el mandatario, que para su discurso se ubicó al lado de los restos del coche bomba que dejó a cinco militares y 16 estudiantes universitarios heridos, y cuya autoría Uribe atribuyó a las FARC.

“No vamos a permitir que nuestra buena voluntad para el acuerdo humanitario (el canje de los rehenes por guerrilleros en prisión) siga siendo objeto de la farsa de las FARC, que trafica con el dolor de los secuestrados en busca de una zona de despeje para recuperar su capacidad terrorista”, agregó.

Uribe anunció que en consecuencia “revocaba” la autorización dada a los facilitadores que buscaban abrir las negociaciones con las FARC para el canje, puntualizando que esa decisión se mantendrá “mientras las FARC persista en acciones terroristas”.

Pese a la firme sindicación de Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán, dijo que su despacho no tiene “la evidencia” para imputarle el atentado a las FARC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la guerrilla más antigua y militarmente poderosa del país, con unos 17.000 combatientes, ha propuesto el canje de 58 de sus rehenes por unos 500 rebeldes encarcelados, incluidos dos extraditados a Estados Unidos. Entre los secuestrados se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y decenas de militares, policías y políticos. La madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, acusó a Uribe de haber “condenado a muerte” a los secuestrados con la decisión “irreflexiva” que tomó. “Esto es condenar a muerte a los secuestrados”, declaró a la AFP Pulecio, quien además afirmó que Uribe “rompió el compromiso de Estado que había asumido con Francia, España y Suiza”, facilitadores para alcanzar el canje. En París, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Philippe Douste-Blazy, manifestó la oposición de su país al rescate de los secuestrados por la fuerza, en tanto que comités de apoyo a Betancourt pidieron a Uribe que “entre en razón” y “dé marcha atrás” en su intención del rescate. Otros familiares de los secuestrados reaccionaron en similares términos. La vocera de la asociación de los militares y policías secuestrados, Marleny Orjuela, dijo: “no aceptamos el rescate a sangre y fuego de nuestros hijos y familiares porque eso es igual a la muerte”. La sorpresiva decisión de Uribe rompió la esperanza de los familiares y algunos sectores sociales y políticos del país, que habían alimentado en las últimas semanas la posibilidad de un pronto canje sobre la base de las últimas declaraciones cruzadas en tal sentido entre el gobierno y las FARC. Esa esperanza empezó a surgir el pasado 2 de octubre, cuando Uribe anunció que había autorizado al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a “buscar con las FARC un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro”. Las FARC respondieron seis días después anunciando los nombres de tres comandantes guerrilleros que acudirían a la negociación, y se declararon a la espera del decreto del gobierno para la desmilitarización, por 45 días, de los municipios de Florida y Pradera, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste). De ahí en adelante surgió un pulso entre el gobierno y el grupo guerrillero por las condiciones militares que regirían la zona de la negociación.

Las FARC insistían en acudir armadas a las tratativas, mientras que Uribe rechazaba esa pretensión. El secretario general de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Fabián Marulanda, confió en declaraciones a la AFP en que ésta “no sea la última palabra del presidente sobre el canje”, y enmarcó su decisión dentro de “la dialéctica del tire y afloje”. El estallido del coche bomba, en el pleno corazón del custodiado complejo militar -en el que se encuentra la universidad militar Nueva Granada para estudiantes civiles-, abortó el incipiente proceso hacia el canje. Aunque las FARC no han reaccionado a la acusación de Uribe y su decisión de cerrar los acercamientos para el canje, la agencia Anncol, que difunde información del grupo guerrillero por Internet, se preguntó si el coche bomba “¿podría ser un auto-atentado?”, o “¿un nuevo palo atravesado al canje?”.(AFP)