Una vez más, Rajoy, este sereno gallego al que constantemente sus adversarios y sus amigos subestiman, ha logrado resultados favorables utilizando una secuencia de prudencia (cuando le exigían lo contrario) y audacia (cuando se temía que era tarde para ella).

La situación de Cataluña ha dado un vuelco inesperado. Apoyado por las fuerzas constitucionalistas, Mariano Rajoy ha logrado intervenir la autonomía poniendo el control en manos de Madrid sin provocar violencia ni una respuesta masiva, salvo las protestas más recientes por el encarcelamiento –ordenado por la Justicia- de independentistas del gobierno disuelto que violaron la ley. La otra parte del gobierno catalán ha huido a Bélgica para evitar a los tribunales españoles, y el gobierno central han convocado unas nuevas elecciones en esa región que los independentistas han terminado aceptando.

Una vez más, Rajoy, este sereno gallego al que constantemente sus adversarios y sus amigos subestiman, ha logrado resultados favorables utilizando una secuencia de prudencia (cuando le exigían lo contrario) y audacia (cuando se temía que era tarde para ella).

Falta saber lo que sucederá en las elecciones. La encuesta más seria, realizada por una instancia autónoma del propio Estado español, indica que el independentismo ha subido hasta un 48,7% con respecto al sondeo anterior, pero el resultado no difiere del que lograron los partidarios de la república catalana en su mejor momento. Y, en votos, la suma de los partidos favorables a la independencia no da más de 46%, contra el 51% de todos los contrarios a la república independiente.

En otras palabras: estos días tumultuosos que han llevado al algunos líderes civiles a la cárcel por violar la ley y a parte del gobierno disuelto a un autoexilio mediático no han producido la ola de solidaridad popular que se temía. Tampoco ha supuesto la derrota del extinto gobierno catalán un colapso del apoyo a la independencia por obra de la desmoralización, algo que algunos sondeos rápidos parecían prefigurar en las primeras horas y algunos vaticinaban.

Faltan muchos días par las elecciones de finales de diciembre y, por tanto, como decían nuestros mayores, mucho pan por rebanar. Si los comicios confirmaran este sondeo, los independentistas, a pesar de no tener sino el 46% del voto en total, obtendrían, raspando, una mayoría absoluta, lo que implicaría la continuidad del problema.

Es de suponer, sin embargo, que en ese escenario el gobierno entrante, escarmentando, trataría de maniobrar dentro de la legalidad para forzar una negociación con Madrid en lugar de situarse, como su antecesor, fuera de la Constitución. En cuyo caso, aunque el problema de fondo no se habría resuelto, todo acabaría donde nunca debió dejar de estar: dentro de la legalidad.

Eso sí, la encuesta también dice, y lo vienen diciendo otras desde hace ya mucho tiempo, que una mayoría clara de catalanes quiere ampliar la autonomía tal y como está establecida hoy. Eso significa que un porcentaje importante de quienes se oponen a la independencia respaldan una solución “federal” que implica ampliar la descentralización que rige hoy, sobre todo en lo fiscal.

Madrid se ha opuesto en años recientes a esa negociación por temor a seguir haciendo concesiones a Cataluña, cuyo gobierno en realidad apuntaba, como objetivo ulterior, a la independencia. También, porque para cualquier gobierno central en España es muy difícil plantear una reformulación del sistema de reparto territorial que implique afectar financieramente a muchas otras regiones. Es lo que sucedería si bajo un sistema federal se redujera el aporte de Cataluña al resto de España (Barcelona también recibe mucho de Madrid y en años recientes ha vivido del gobierno central, pero esa es otra historia).

En cualquier caso, todo lo sucedido exige repensar los pactos que produjeron estos últimos 40 años de paz, convivencia y prosperidad bajo el sistema autonómico. Que la crisis catalana sirva, al menos, para iniciar esa delicada pero indispensable nueva etapa de la robusta democracia española.