Roberto Salinas León reflexiona sobre el tema fiscal en México y plantea algunos de los parámetros en los que se debe enmarcar una reforma estructural del gasto del gobierno.

Roberto Salinas León

En asuntos de crecimiento, y las condiciones del crecimiento a largo-plazo, el rubro fiscal es considerado prioritario.

Es decir, uno de los requisitos para consolidar prosperidad en el largo plazo es una política fiscal (o una serie de instituciones fiscales) que maximice el ingreso tributario, sin lesionar los incentivos empresariales y laborales. En teoría, esta tarea suena fácil. En la práctica, ha resultado ser uno de los retos más difíciles de aterriza -por lo menos en este país de eternas misceláneas, de reglas fiscales complejas e inciertas.

Los impuestos, así vistos, representan el precio que debe pagar el ciudadano para obtener los servicios básicos de un gobierno: paz, seguridad, protección de los derechos de propiedad. La política fiscal, por tanto, debe procurar eficiencia y equidad en el ejercicio cotidiano del gasto público. Precisamente, el problema capital que enfrenta el gobierno mexicano no es tanto el bajo nivel de recaudación fiscal, sino la alta ineficiencia del gasto, tanto por el elevado costo de operación del aparato burocrático, como por los altos costos de oportunidad en la multiplicidad de funciones que este realiza.

En materia presupuestal, una reforma estructural debe trabajar sobre los siguientes rubros del universo fiscal en México:

1. Estabilidad fiscal: Es prioritario contar con un esquema fiscal estable, que permita el desarrollo de empresas y empresarios, que brinde incentivos para la inversión y que entorpezca lo menos posible el desarrollo de los negocios. Las decisiones empresariales no deben ser función de cambios repentinos en la miscelánea, como nuevas tasas especiales, sino el producto de argumentos comerciales. Por ello es necesario cambiar el esquema de recaudación por un esquema que utilice impuestos bajos como motores de inversión. Por ejemplo, una simplificación radical del código vigente, que elimine preferencias fiscales, y que reduzca la necesidad de documentación innecesaria, auditorías constantes y manejo de criterios contables sumamente complejos.

2. Responsabilidad fiscal: Hay gobiernos responsables y gobiernos irresponsables. El equilibrio en las finanzas públicas no es dogmatismo fiscal, sino un reflejo de que se debe manejar los recursos públicos bajo un marco de responsabilidad. La marginación es un problema estructural de la economía. El problema no se puede superar por la vía de la redistribución, sino generando condiciones de riqueza. Es mucho más importante plantear como lograr altos niveles de crecimiento, con estabilidad de precios, que satanizar el principio elemental de que no se puede gastar más de lo que se tiene.

3. Transparencia fiscal: El gasto público es un préstamo por parte del universo total de los contribuyentes, captado vía impuestos, que vence cuando el universo mencionado recibe el servicio a cambio -seguridad, impartición de justicia, protección de propiedad individual, así como algunos servicios públicos. El presupuesto mexicano ha sido objeto de constante abuso por parte del proceso político, precisamente porque no se ha generado un sistema de rendición de cuentas. El reclamo de reducir los impuestos pero aumentar el gasto se ha convertido en falsa bandera de la justicia social, en la medida que no se explica quién paga la factura de la irresponsabilidad fiscal. Si la gente percibe que los impuestos se usan no para la protección cívica o construcción de obras, habrá una tendencia natural para reclamar la devolución de los mismos. Por ende, una forma de combatir la evasión es por medio de la transparencia fiscal.

4. Comunicación fiscal: Las propuestas para hacer más eficiente el proceso presupuestal se basan en una distinción clave entre un sistema de contabilidad nacional, el cual tiene una misión meramente descriptiva, y un mecanismo de decisión de políticas públicas de “para qué” y “para quién” sirve el gasto público. Las cosas sí pueden mejorar bajo un proyecto de ahorro público. Se podría idear una estrategia que hable de un gobierno comprometido con la idea de “gastar mejor con menos”. Ello implica mostrar, con una batería constante de casos, el destino de los ahorros, los ahorros generados por los ajustes internos, así como destacar los ahorros y destinos que se pudieran dar si se realizaran los ajustes necesarios, sobre todo en programas que generan desperdicios, como asignaciones totalmente in equitativas e ineficientes.

 

Roberto Salinas-León es Director General de Política Económica de TV Azteca en México y Académico Asociado del Cato Institute.