“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”, ha admitido Santos. “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”, ha agregado el mandatario.
 

El mandatario ha admitido esto durante la audiencia pública que tuvo lugar ayer en la Corte Constitucional para evaluar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna. 

El llamado Marco Jurídico para la Paz es una reforma constitucional que habilita al Estado a priorizar a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno y que se aplicará si se concreta la paz con los grupos rebeldes. 
 

Santos ha reconocido este hecho, además, acogiendo una recomendación del Centro Nacional de Memoria Histórica que el pasado miércoles le entregó un revelador informe donde se explican los orígenes de la guerra colombiana y la degradación que ha sufrido durante 50 años.
 

El informe revela el número de fallecidos que ha dejado la guerra: se calcula la cifra está en 220.000 entre 1958 y 2012, con el agravante de que casi 180.000 son civiles, según informa El País. Para Memoria Histórica uno de los grandes desafíos es empezar a asumir las responsabilidades y por eso propusieron que fuera el presidente quien tomara la delantera.
 

“Hoy estamos ante la posibilidad de hacer por fin realidad ese anhelo de paz y de esa manera poder finalmente proteger como corresponde los derechos de todos los colombianos y de las víctimas en particular. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad”, ha resaltado Santos.
 

Santos ha pedido que esto suponga “un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado” reconozcan su responsabilidad y “puedan participar en los mecanismos de justicia transicional”.
 
“Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental”, ha agregado. 

La defensa de Santos fue complementada por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien ha argumentado, desde lo jurídico, que “no habrá impunidad como se quiere hacer ver” y que investigar caso por caso cometido por los actores armados podría tardar hasta un siglo, sin que eso garantice reparación para cada víctima, reseña hoy Ansa. 

El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, también apoyó al Marco Jurídico para la Paz al sostener que “no tiene vicios” y que ello “demuestra el rigor del Congreso”.