Oficialistas y opositores han reclamado que se conozcan los beneficiarios de un plan de salvamento de US$15 millones, cuya viabilidad no está clara en lo absoluto
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Martes, 12 de noviembre 2024
Oficialistas y opositores han reclamado que se conozcan los beneficiarios de un plan de salvamento de US$15 millones, cuya viabilidad no está clara en lo absoluto
Cuando todo apuntaba a que este lunes iba a ser aprobada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica una propuesta de salvamento para pequeñas y medianas empresas del sector turístico del país, los diputados no lograron alcanzar un acuerdo; y el proyecto, sobre el cual hay más dudas que certezas, será tratado la próxima semana.
Los representantes del sector turístico afirman que el plan de rescate es necesario para aliviar la situación económica de las empresas turísticas “ticas”, que quedaron gravemente golpeadas por la recesión que comenzó en 2008.
El paquete de medidas incluye la compra por parte del Gobierno de “activos tóxicos” y deuda en mora o en cobranza judicial. El Gobierno central incluso contempla volver a adquirir restaurantes y hoteles que habían sido rematados por instituciones bancarias.
Más allá de la reestructuración —que incluirá una reducción de cuatro puntos porcentuales en las tasas de interés— el asistencialismo estatal corporativo le costará a los contribuyentes unos US$15 millones. Los fondos provendrán del Instituto Costarricense del Turismo (ICT) y del Sistema Banca para el Desarrollo (SDB), ambos organismos estatales.
Detrás del plan de rescate emerge el venezolano-estadounidense Boris Marchegiani, quien preside la Asociación para la Protección del Turismo, y según afirma, en 2011 ya había entregado a funcionarios del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) una lista con los posibles empresarios beneficiados.
Sin embargo, el recientemente asumido ministro de Turismo, Mauricio Ventura, exdirigente de la Cámara Nacional del Turismo y de la Federación Centroamericana de Cámaras del Turismo, ha negado la existencia de esa lista.
Ventura no está totalmente convencido de la propuesta y admitió que hay “temas que no se han aclarado”, como quién se beneficiará con los subsidios y mediante qué proceso serán asignados. La propuesta, no obstante, solo podrá ser modificada con la voluntad de 38 diputados que pretenden discutir la ley en un debate plenario.
Marchegiani ha mantenido estrechos lazos con los principales partidos políticos de Costa Rica, quienes fueron beneficiados por sus donaciones. Sostiene que los congresistas deberían aprobar el proyecto, dado que le atribuye al ICT la publicación de pronósticos económicos desacertados, que a su vez, han derivado en malas decisiones entre los hombres de negocios del sector.
Si bien el empresario reconoce que está al frente de “una actividad privada”, considera que hubiera “sido diferente” si se hubiesen conocido “los parámetros de riesgo” reales. “Dicen que en Costa Rica hay un 75% de habitaciones ocupadas en al año, pero sí en realidad la cifra es 35%, se toma una decisión diferente”, afirmó Marchegiani.
“Luego, llegó el 2008 y se desplomó todo”, dijo Marchegiani al diario local La Nación.
Tanto funcionarios gubernamentales como integrantes de la oposición han lanzado críticas contra el proyecto liderado por los diputados Luis Vásquez (socialcristiano) y Edgar Araya, del Frente Amplio. Por otro lado, fuentes del Movimiento Libertario, partido que lidera el diputado Otto Guevara Guth, anticiparon a PanAm Post que su bloque de cuatro representantes rechazará la medida.
Incluso desde el ITC han reclamado por el secretismo en torno al cual ha avanzado la propuesta, y con la incertidumbre que reina sobre quiénes serán los beneficiados. “Cuáles son, cuánto deben, si tuvieron readecuaciones o no, si están en cobro judicial o se acogieron al convenio de acreedores”, interroga Alberto López, gerente de ese organismo.
López también lamenta que la organización que dirige deberá contribuir al salvataje con casi el triple del dinero estipulado originalmente. El aporte original, de $2,5 millones, terminará siendo de $7,5 millones.
El Consejo Rector del SBD describió la reducción de las tasas en cuatro puntos porcentuales como “un subsidio” y dicen que la medida puede afectar su estabilidad financiera. “Los recursos del SBD fueron creados como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables. Por lo que empresas que no lograron recuperarse en un periodo de siete años, podrían no cumplir con esta condición”, afirma un documento presentado por el Consejo Rector.
Marchegiani ha mantenido una relación de al menos una década con el dinero de los contribuyentes en su país y en Costa Rica. En 2003 su nombre salió a la luz cuando la plataforma en línea de comercio de petróleo que fundó en el año 2000, Pepex, negociaba un 10% de las operaciones de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, durante una huelga del sector de comercialización de la compañía.
La relación continuó pese a que duplicó la comisión de $0,1 a $0,2 por barril, y Marchegiani fue designado como el hombre que llevaría adelante la reestructuración del departamento de ventas internacionales de Pdvsa.
“Esto es un caso insólito de conflicto de intereses que sólo puede explicarse por la existencia de manejos oscuros en la comercialización”, dijo en su momento Ciro Izarra, exdirectivo del sector.
Este artículo está en Panam Post
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