Política

Semana clave en Ecuador a 15 días de la consulta popular

Se esperan jornadas agitadas en los días previos al proceso electoral que definirá el llamado a la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Correa. El mandatario cuenta con poco margen de movimiento, al no tener miembros propios en el Congreso. Los 57 legisladores depuestos y otros 6 de los partidos Social Cristiano (PSC), Renovador Institucional (PRIAN) y Sociedad Patriótica ya anunciaron que se autoconvocarán el martes y sesionarán a espaldas del TSE.

Los 57 diputados destituidos amenazan con ingresar a la fuerza al Congreso este martes
Ecuador inicia este lunes una semana clave por todo lo que estará en juego en el conflicto que mantiene virtualmente paralizado al Congreso y que, sin dudas, jugará su parte en el proceso electoral que terminará el domingo 15 con la consulta sobre la Asamblea Constituyente.

Desde el 7 de marzo, cuando el Tribunal Superior Electoral destituyó a 57 legisladores opositores, el Congreso se convirtió en el centro de la escena política, mirado por toda la sociedad, pero especialmente por el Gobierno, que juega su parte aunque no protagónica en la pulseada.

Es que la administración de Rafael Correa no tiene en el parlamento representantes que le respondan, aunque el conflicto permitió trazar una división entre dos grupos: uno marcadamente opositor, y otro -mayormente integrado por ex suplentes que asumieron las bancas libres- más cercano.

A aquella destitución de 57 diputados acusados de “obstruir el proceso electoral” que terminará en dos semanas con la consulta, le siguió una serie de presentaciones judiciales de los cesados y varias sesiones suspendidas por falta de quórum, hasta que de a poco los suplentes fueron posesionados en sus nuevas bancas.

Hay ocho amparos constitucionales pendientes de parte de los destituidos, que la semana pasada tuvieron el fallo favorable de un juez de la provincia de Guayas, lo que empujó otra suspensión de las sesiones.

Un comunicado del TSE llamó al líder del Congreso, Jorge Cevallos, a acatar las resoluciones del cuerpo y pasar por alto la resolución judicial, con el argumento de que el Tribunal constituye la máxima autoridad judicial del país en el proceso electoral.

La decisión de fondo le corresponderá al Tribunal Constitucional, pero mientras algunos aliados al oficialismo y los recién asumidos mencionan en voz baja la posibilidad de impulsar la destitución de Cevallos mismo, si no pone en marcha la actividad legislativa.

“No está en los planes inmediatos, pero lo cierto es que no se puede seguir con un Congreso parado”, dijo a Télam un vocero parlamentario.

En esta postura están diputados que eran suplentes y ya asumieron, y los de los partidos Socialista, Izquierda Democrática, Movimiento Popular Democrático y Pachakutik, que no son del oficialismo pero ven con buenos ojos la gestión de Correa y el llamado a una consulta.

Una opción es la autoconvocatoria, pero para ello se requiere de los votos de 67 diputados y los bloques de minoría sólo cuentan con 56. Por lo pronto, aspiran como mínimo a declararse en sesión permanente.

En dos domingos, los ecuatorianos votarán por el Sí o el No a la consulta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes, que redacte una nueva Carta Magna para el país, una variante que fue bandera de Correa durante la campaña proselitista que lo depositó en el palacio Carondelet.

Los 57 legisladores depuestos y otros 6 de los partidos Social Cristiano (PSC), Renovador Institucional (PRIAN) y Sociedad Patriótica ya anunciaron que se autoconvocarán el martes y sesionarán a espaldas del TSE.

Esta sesión podrá llevarse a cabo, acaso, si los legisladores logran entrar al edificio del ex Banco Central -donde funciona el Congreso-, custodiado celosamente por la policía desde que se generó el conflicto. Desde entonces, los destituidos no lograron ingresar y nada hace suponer que sí puedan esta vez.

“Intentaremos el martes ingresar para cumplir con nuestro trabajo de respaldar a la democracia; esperamos que nuestro intento sea respetado por la policía y por el gobierno”, afirmó Anabella Azín, esposa deÁlvaro Noboa y diputada destituida del PRIAN.

Cevallos lanzó la semana pasada la posibilidad de directamente suspender las sesiones hasta que haya un pronunciamiento de fondo del Tribunal Constitucional.

Paralelamente, un grupo de 10 destituidos ya pidió a la regional en Quito de la OEA la intervención del organismo en el conflicto.

El sábado, el presidente Correa relativizó esa acción y negó que hubiera en el país una crisis institucional: “Hay crisis política, que se refleja en la pugna de poderes. El país tiene que cambiar estos poderes que nos han dominado y será en el marco democrático y constitucional”, afirmó.

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