El mismo día en que el Parlamento ha establecido un debate para analizar los recursos del país, miles de campesinos y trabajadores se echan a la calle para exigir la nacionalización de los hidrocarburos.

Miles de campesinos y trabajadores movilizados
Miles de campesinos y trabajadores bolivianos se movilizaron el pasado martes
para reclamar la nacionalización de los recursos energéticos del país, justo
antes de que comenzase en la Cámara de los Diputados un análisis de la nueva ley
de hidrocarburos, proyecto que estipula un nuevo régimen tributario para las
petroleras que operan en Bolivia desde hace más de nueve años.

La demanda
de nacionalización de las petroleras surgió tras revelarse que los 72 contratos
que firmaron con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo
Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002) no habían sido aprobados por el
Congreso, como lo prescribe la Constitución.

La nueva ley restablece la
propiedad estatal del gas y el petróleo, fija tributos de 50% a las
transnacionales por concepto de impuestos y otorga al Estado un papel decisivo
en su aprobación.

En la eventualidad de que el presidente Carlos Mesa se
niegue a firmar la ley, el Congreso podría promulgarla en un lapso de diez días.
La promulgación y aplicación de la nueva legislación, tal como quedó aprobada en
el Senado, permitirá a Bolivia obtener hasta 700 millones de dólares anuales por
sus exportaciones de hidrocarburos.

“Sólo así
nos escuchan”

De esta manera, los campesinos y trabajadores
realizaron una marcha de 12 kilómetros hasta el centro de La Paz donde quedaron
concentrados. Según las declaraciones del dirigente de la Federación Única de
Campesinos, Felip Quispe, “nos sumaremos a todas las manifestaciones exigiendo
la nacionalización de los hidrocarburos y que se atiendan nuestras 72 demandas
que el Gobierno no ha respondido. Bloquearemos los caminos, porque sólo así nos
escuchan”.

Para Quispe, “ninguna de nuestras demandas ha sido atendida
hasta ahora. Este Gobierno no nos ha respondido y no hay diálogo alguno. Por eso
no tenemos otra salida que protestar”.

Toma
simbólica de Senkata

Mientras que esta marcha avanzaba,
paralelamente miles de trabajadores que habían sido convocados por la Federación
de Juntas Vecinales de El Alto, realizaron también una marcha de 18 kilómetros
después de la que tomaron simbólicamente la planta de almacenamiento de
combustibles de Senkata.

Los participantes amenazaron con que la
“próxima vez tomaremos la sede del Legislativo y cerraremos el Parlamento si el
Congreso no incluye su demanda de nacionalización de los hidrocarburos en la ley
que estudia actualmente”.

A estas protestas hay que unir las convocadas
para el día 16 de mayo por parte de los trabajadores de la salud, los de las
fábricas y los mineros en demanda de mejores salarios, lo que podría abocar al
país a una huelga general.