La mesa sindical de Izar pedirá al comisario europeo de la Competencia una oportunidad para los astilleros públicos españoles. También ha convocado nuevos paros.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL
Los sindicatos con representación en Izar (CCOO, UGT, ELA, USGT, CIG, CAT) y el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, se reúnen hoy con el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, para analizar la situación patrimonial de los astilleros públicos españoles ante la devolución de las ayudas ilegales, por un importe que ascenderá a unos 1.200 millones de euros.

Según han indicado fuentes sindicales, su intención es pedir a Monti, una “nueva oportunidad” para los astilleros públicos españoles, “una ayuda extraordinaria, para una situación extraordinaria”. Así lo expresó el pasado jueves el secretario de Política Sindical de MCA-UGT, Carlos Romero, al término de la reunión con la SEPI.

Peticiones sindicales

Los sindicatos pedirán a Monti aplazar la notificación de una partida de 357 millones de euros durante el tiempo necesario para desarrollar un plan industrial para Izar, y conocer el marco en que se pueden mover en la negociación con la SEPI sobre el plan de viabilidad.

Los sindicatos quieren también que la Comisión Europea retrase lo más posible la devolución de las ayudas consideradas ilegales y que dé una “solución global” a todos los expedientes abiertos contra España, que rondan los 1.200 millones de euros.

Por su parte, la Comisión Europea espera que esa reunión sirva para confirmar el plan de segregación de la actividad militar a una nueva empresa pública y la privatización de la actividad civil.

El portavoz de Competencia en el Ejecutivo comunitario, Tilman Lueder, afirmó la semana pasada que la reunión tiene por objetivo determinar “cuál es el plan que está sobre la mesa para ganar visibilidad” ya que, por el momento, falta este aspecto.

Asimismo, prometió flexibilidad a la hora de reembolsar el conjunto de las ayudas ilegales, petición solicitada por la mesa sindical de Izar, si se mantiene dicho plan sobre la mesa, y puso de manifiesto el deseo de la Comisión Europea de que el plan de viabilidad continúe, ya que, a su juicio, podrá mantener alrededor de 9.000 empleos. Una cifra que no ha sido confirmada todavía por la SEPI.

Separar lo civil de lo militar

El día en el que la Comisión notifique su categoría de ayudas de estado ilegales, y por tanto exija su devolución, sería causa directa de disolución de la empresa, puesto que los activos de los astilleros son inferiores.

Así, el Gobierno sostiene que Izar entrará en quiebra en cuanto Bruselas reclame de forma fehaciente las ayudas. Por este motivo, SEPI quiere separar cuanto antes la parte civil de la militar, que puede recibir ayudas de Estado porque pertenece a Defensa, una rúbrica que no es controlada por la Dirección General de Competencia de la Comisión.

Especialización y debilidad competitiva

Según la SEPI, la información aportada “pone de manifiesto la debilidad competitiva de los astilleros europeos en la actividad civil, tanto por factores exógenos como por factores endógenos” y la dependencia de la actividad militar de los presupuestos de defensa. El grupo público insiste en que “la entrada en causa de disolución de Izar es inevitable con su actual estructura productiva, independientemente de las exigencias comunitarias de devolución de ayudas”.

Por el contrario, el representante de CCOO, Felipe López, aseguró que, a la vista de los datos analizados, la construcción naval “no está en crisis e Izar puede sobrevivir porque hay mercado y contrataciones”. El representante de CCOO criticó la falta de solidaridad de los armadores españoles y dijo que si todos ellos contratasen sus barcos en España los astilleros tendrían asegurada una ocupación del 98%.

Según López, el 90% de los barcos demandados por los armadores de Extremo Oriente y entre el 65% y el 70% de los contratados por países europeos como Dinamarca, Alemania o Francia se construyen en sus propios astilleros, porcentaje que se reduce al 30% en España. Finalmente, los representantes sindicales subrayaron que la solución a la crisis de Izar pasa por la especialización y por la búsqueda de “nichos de mercado”.

La postura de la UE

El Ejecutivo comunitario estaba hasta ahora dispuesto a aceptar la separación del negocio militar del civil, y la integración en la parte militar de los astilleros de Puerto Real y San Fernando, junto con el Ferrol y Cartagena, que quedarían exonerados de la obligación de devolver ayudas a condición de que la actividad civil no supere el 20% del total.

Para el resto de astilleros que no se pueden integrar en el grupo militar, la Comisión autorizaría a las autoridades españolas a que otorguen ayudas a la reconversión para los trabajadores o para las regiones afectadas, pero no a las empresas, e incluso podría contribuir con fondos comunitarios.

En todo caso, Bruselas no exigirá la devolución de las ayudas “hasta que haya un proyecto industrial detrás, porque de lo contrario Izar iría directamente a la quiebra y no se podría salvar ni el 20%”, según fuentes comunitarias.

Más paros

No obstante, la mesa sindical de Izar ha convocado a los diez astilleros a un paro para el próximo miércoles para protestar contra el plan de viabilidad de la SEPI, movilizaciones que se pueden prorrogar durante el mes de octubre según avance la negociación con el Gobierno.

Los paros del próximo miércoles serán la antesala de la reunión que tendrán la mesa sindical con la SEPI el próximo día 7 de octubre para ir negociando un modelo industrial, bajo las premisas que también les imponga la Comisión Europea mañana.

Los astilleros españoles se enfrentan así a la cuarta reconversión del sector, después de las de 1984, 1995-1997 y 2000, cuando la fusión de Bazán con Aesa dio como resultado la creación de Izar. El número de empleados se ha reducido con estas sucesivas reducciones, instigadas por la falta de competitividad a nivel mundial, de los casi 40.000 trabajadores a los actuales 11.000.