Los obreros que trabajan para un 80% de las empresas privadas del gigante “comunista” carecen de un contrato legal, una infracción de la legislación laboral china, según el diario oficialista “China Daily”.

El Gobierno comunista no sólo viola los derechos humanos sino que también los laborales
“Los derechos legales de los trabajadores son violados con frecuencia por más de un 80% de las empresas privadas”, señaló He Luli, vicepresidenta del Comité Permanente del legislativo chino.

La cifra supone un 60% de los 150 millones de inmigrantes rurales que buscan trabajo en las emergentes urbes del este chino: en total cien millones de trabajadores carecen de contrato.

He destacó sectores clave en los que se violan estos derechos en un país que sigue manteniendo la retórica comunista a pesar de la adopción de una agresiva economía de mercado: sector inmobiliario, industria ligera, textil y restauración.

Los datos vieron la luz durante la reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo) que terminará este jueves y en la que está previsto que se aprueben otras reformas clave como la abolición de las tasas agrícolas, la penalización de los abortos selectivos de niñas y la limitación de los poderes locales en expropiaciones.

Según la ley Laboral en vigor desde 1995, es obligatoria la firma de un contrato entre empresario y empleado, por lo que los departamentos laborales pueden forzar a los empresarios “indecisos” a firmar dichos contratos “si el retraso es intencional”.

La falta de contratos deja a los trabajadores en un limbo legal: no pueden beneficiarse de compensaciones cuando terminan su periodo de trabajo, ni pueden acceder a servicios médicos, incluso en el caso de accidentes laborales, ni exigir un salario justo, o incluso el cobro del mismo. De igual modo, tampoco contribuyen con sus impuestos a las pensiones nacionales.

El diario oficial acusa de la precariedad del obrero chino “a la dureza del mercado laboral, que obliga a los trabajadores a aceptar cualquier puesto disponible, por lo que las exigencias de la Ley Laboral de contar con un contrato escrito, pagar los salarios a tiempo y compensaciones son ignorados”.

De hecho, la ANP desveló que casi 30 millones de emigrantes rurales están pendientes del cobro de sus salarios y su descontento supone una auténtica bomba de relojería social; por lo que también está estudiando incluir estos impagos en la Ley Criminal para poder denunciar a los empresarios.

Los impagos se producen en sectores intensivos como la construcción, textil y hostelería, además de pequeñas y medianas empresas privadas, pero también estatales.

El desempleo en China afecta en diferente medida a unos 174 millones de trabajadores, compuestos por los 24 millones de “desempleados urbanos” y los 150 millones de “excedentes rurales” emigrados a las ciudades.

Unos 75 millones de estos emigrantes consiguieron empleos en los últimos quince años en las grandes ciudades, según estadísticas gubernamentales, mientras que el resto trabaja de forma esporádica y temporal.

“La situación del mercado laboral en China es complicada y grave”, señaló Du Ying, viceministro de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.