Richard W. Rahn nos alerta sobre el peligro de las agencias gubernamentales con poder de regulación y que limitan nuestra libertad individual.

Richard W. Rahn
¿Cree usted que los beneficios de la regulación gubernamental deben siempre ser
mayores que sus costos? Claro que sí. Sin embargo, todos los días podemos leer
en los periódicos casos de regulaciones estúpidas, cuyos costos son totalmente
injustificados en relación a los pocos beneficios que aportan. Por ejemplo, los
bancos y demás instituciones financieras deben reportar toda transacción en
efectivo, de depósito o retiro de fondos, por más de diez mil dólares. Millones
de estas transacciones son reportadas cada año, efectuadas por personas que el
mismo gobierno admite que son inocentes. Por el contrario, son muy pocos los
delincuentes que apresan como resultado de tales informes, ya que los malos
saben muy bien cómo evitarlo; algo que es muy fácil de hacer. Mientras tanto, la
privacidad de millones de personas inocentes es invadida sin provecho alguno, a
un alto costo para las instituciones financieras, costos que son transferidos a
la clientela. Existen miles de regulaciones absurdas como esa y el resultado es
la pérdida innecesaria de miles de millones de dólares y de ciudadanos
hostigados por malas regulaciones peor aplicadas. Sus altos costos nos
empobrecen a todos, sin beneficio alguno y sin solución a los problemas que
supuestamente atacan. El daño que hacen las excesivas regulaciones ha sido
reconocido desde hace mucho tiempo. Una comisión presidencial le dijo a Franklin
Roosevelt en 1937 que todas las nuevas agencias reguladoras creadas bajo su
programa de gobierno llamado “new deal” (nuevo trato) constituían “un cuarto
poder gubernamental sin cabeza, una caprichosa colección de agencias y de
poderes descoordinados”. El problema se ha multiplicado desde entonces. Ahora,
incontables departamentos del gobierno han logrado que el Congreso les permita
promulgar regulaciones y hacerlas cumplir. Por años se ha tratado de frenar al
inmenso pulpo regulador, pero con resultados muy limitados. La Oficina de
Asuntos Reguladores de la Administración del Presupuesto ha evitado algunas de
las peores regulaciones. Pero su mandato se limita a “regulaciones importantes”
que cuesten más de 100 millones de dólares. Además, muchos departamentos,
incluyendo la Oficina de Impuestos, están exentos de esa supervisión. Son muy
pocas las regulaciones a las que se les aplica un examen de costo/beneficio y
muchas oficinas públicas ni siquiera toman esa idea en serio o facilitan
estadísticas confiables para poder cuantificar sus resultados. A los
reguladores, desde luego, les interesa subestimar el costo de las regulaciones
que nos imponen. Por su parte, el Congreso delega más y más su poder de
promulgación de leyes a diferentes oficinas públicas, mientras que los frenos y
contrapesos antes establecidos son ahora ignorados. Aun cuando las regulaciones
resultan beneficiosas, las oficinas públicas tienen pocos incentivos para
diseñarlas de manera inteligente, tomando debidamente en cuenta sus costos.
Felizmente hay una solución. Hace poco tiempo, el Congreso estableció el derecho
de iniciar acciones legales privadas, con lo cual individuos pueden demandar a
una agencia gubernamental por no respetar adecuadamente algún derecho ciudadano
o por aplicar mal alguna ley ambiental. Los tribunales pueden ahora compensar a
los abogados que ganen tales pleitos. La agencia que impone malas regulaciones
debe pagar los daños con su propio presupuesto y también proceder a retirar o a
perfeccionar la regulación. No soy admirador de los abogados litigantes, pero
prefiero que esos abogados utilicen sus conocimientos reduciendo el peso del
gobierno en lugar de convertirse ellos en un peso sobre el sector privado.
Richard Rahn es Presidente de la directiva de Novecon Financial Ltd., y
académico asociado del Cato Institute.