Hoy políticos catalanes defienden ese estatuto para perpetuar sus privilegios y su sitio en la política.
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Un Estatuto contra la Constitución
Editorial
Cuando los fantasmas de los años de la República -que culminaron en una cruenta guerra civil- parecían haber sido barridos por una Transición democrática digna y ejemplar, hoy regresan los espectros de la mano de los independentistas, pletóricos del odio y la arrogancia que los cobijó en aquellos días.
La melancolía nacionalista, recitada por una pléyade de políticos chantajistas y adoradores del poder perpetuo, ha marcado la realidad política del último año y medio con amenazas de guerra civil que son sencillamente humillantes para España y sus habitantes. NI falta hace decir que este conflicto es un espejismo que disfraza la realidad cotidiana haciendo creer que miles de españoles quieren dejar de serlo. Esto es una farsa para impulsar un ansia de poder.
La ciudadanía española mira con asombro como una camadilla de nacionalistas, social-nacionalistas y arcaicos separatistas desafían la unidad de España simplemente por creer que un territorio que consideran propio es merecedor del adjetivo de Nación. Eso acompañado del reclamo de “derechos históricos” –jamás justificados- son la excusa para aprobar un nuevo Estatuto que convierta a la Constitución española de 1978 en papel mojado.
El actual proyecto de reforma del Estatuto catalán cuenta con 217 artículos, de los cuales veinte no se ajustan a la Carta Magna y otros 39 son de dudosa constitucionalidad, según el Consejo Consultivo de la Generalitat. Las propuestas inconstitucionales del nuevo modelo de financiación del tripartito y de CiU y la invocación de los «derechos históricos» para blindar las competencias del Gobierno catalán están protagonizando un debate político que ha solapado otros aspectos del texto estatutario que también pueden ir más allá del modelo de sociedad que enmarca la Constitución.
La obligatoriedad del uso del catalán, la enseñanza pública o las competencias en materia de inmigración son también asuntos sobre los que pende la inconstitucionalidad y que amparan un modelo de sociedad, cuando menos, diferente al del resto de España.
Hoy políticos catalanes defienden ese estatuto para perpetuar sus privilegios y su sitio en la política. Estamos hablando de sillones, y no de modernidad, progreso, o bienestar para los ciudadanos. España podría enterrar durante esta semana una ejemplar transición democrática, modelo para todos los países del mundo, especialmente para los países de Iberoamérica.
Envalentonados por un Zapatero dubitativo y con las ideas poco claras (él mismo llegó a decir que el concepto de España como Nación era discutible) ahora llega el momento de saber si seguirá madurando sus pactos fauísticos con los nacionlistas o entrará en el camino de la prudencia y sensatez buscando el consenso con el principal partido de la oposición en temas tan cruciales como el futuro de España como Nación. No lo hizo en temas cruciales como el terrorismo y hoy está sitiado por su debilidad y tambien las bombas.
Si el estatuto catalán se aprueba en sus términos actuales deberá pronunciarse el Congreso de los diputados, donde hoy reside la soberania nacional. Entonces Zapatero y su grupo deberán optar por seguir en el poder o defender la Constitución de una nación que aún se llama España.
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