El Pleno del Congreso debatirá mañana una proposición no de ley del PNV para instar al Gobierno a presentar un proyecto de reforma del Código Penal para tipificar como delito el “simple visionado” de pornografía infantil sin almacenarla ni distribuirla, así como elevar la edad de consentimiento sexual, que es de 13 años.

Ahora sólo se castiga a los distribuidores
A través de esta iniciativa, que será defendida por el diputado Emilio Olabarría, el PNV propone un incremento “sustancial” de las penas para los delitos sexuales cometidos con menores de edad y el incremento de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio.

Además, exige que en el Código Penal se incluya como delito, de manera expresa, “la conducta del que acude a la prostitución infantil como cliente” y tipificar también como delito que un adulto proponga a un menor de edad a través de Internet mantener relaciones sexuales o llevar a cabo actos de producción de pornografía infantil, “siempre que esta propuesta haya sido seguida por actos materiales conducentes a tal reunión”.

El PNV propone que se consideren como circunstancias agravantes “que el delito haya dañado seriamente la salud física o mental de la víctima, que haya sido acompañado de actos de tortura o violencia, que se haya realizado a una víctima especialmente vulnerable y que haya sido cometido por varias personas”.

Asimismo, el grupo dirigido por Josu Erkoreka llama la atención sobre la necesidad de que el ordenamiento jurídico español se adecue a instrumentos internacionales en materia de indemnidad sexual, como el Convenio del Consejo de Europa sobre Protección a la Infancia, contra la Explotación y Abuso Sexual, firmado por 27 estados entre los que no se encuentra España.

El grupo vasco ha recordado que el Gobierno “tiene la obligación de dar solución a los problemas que suscitan inquietud entre los ciudadanos”, como la pederastia, dada la mayor vulnerabilidad de los menores de edad para ser víctimas de comportamientos delictivitos.