España negocia con Francia un pacto europeo en materia de inmigración que debería endurecer las condiciones de obtención de residencia en la Unión Europea y que incluiría cursos obligatorios de lengua.

Aunque necesitan fijar normas comunes
Los acuerdos en materia de regularización de inmigrantes se convierten en el eje clave de la política común, aunque ponerse de acuerdo es una cuestión espinosa. “Necesitamos una inmigración que sea positiva y hay que trabajar con sensatez este tipo de cosas. Estamos todavía trabajando y negociando ese documento. Sobre todo España y Francia están intercambiando textos y ya veremos a qué conclusiones llegamos”, dijo ayer el secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, en Bruselas.

De este modo López Garrido hacía referencia a la propuesta de Francia, que asumirá la presidencia de la UE en julio, de lanzar un “pacto europeo sobre la inmigración” para el bloque con el objetivo de combatir a los clandestinos.

Como parte de ese pacto, la próxima presidencia francesa de turno de la UE pediría a los Estados miembros que establezcan “contratos de integración” obligatorios para los recién llegados. Según estos contratos, los inmigrantes deberán aprender el idioma del país en el que viven, además de comprometerse con los “valores nacionales y europeos”, como la igualdad entre géneros y la tolerancia.

En ese marco, López Garrido no se manifestó en contra de la introducción de cursos de lengua, aunque sí se opuso a la obligatoriedad de un examen lingüístico a la llegada del inmigrante. “A mí me parece que ese examen puesto al principio, cuando una persona llega y que se convierta en un obstáculo para el mercado de trabajo, no es el objetivo. Creo que habrá que ser muy cuidadoso con este tipo de obstáculos”, dijo el responsable español.

Diálogo y consenso

“Creo que tiene que ser un documento consensuado, que en principio deba mirar a la inmigración legal, que cubre aquellos trabajos que no cubren los nacionales de los países europeos”, agregó, en referencia al pacto impulsado por Francia. “Lo que es claro es que hay que combatir la inmigración ilegal, y hay que combatirla todos los europeos juntos, y no cada uno por su lado”, continuó.

Al ser consultado sobre si en España se pueden esperar nuevas medidas de endurecimiento para la inmigración, a imagen de las presentes en Alemania y Francia, López Garrido respondió que en su país se cumplirá con la ley y se avanzará en la integración como se hace en el resto de Europa.

“La referencia para cualquier persona que viva en España es el cumplimiento de la ley, esa es la referencia, y a partir de ahí avanzar en la vía adecuada en las políticas de integración y de cumplimiento de la ley. Es una vía que ya se está poniendo en práctica en Europa”, indicó.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó en 2005 de manera “extraordinaria” a unas 600.000 personas que trabajaban en negro, con la condición de que las empresas les hicieran un contrato y los aportes correspondientes al sistema de seguridad social. Zapatero también lanzó un plan de lucha contra la inmigración ilegal repatriando a más de 200.000 personas y estableciendo acuerdos en la materia con los países de origen.